Actualizado 28/03/2006 14:36

Argentina.- El Estado indemnizará por primera vez a un ahorrador por el "daño psicológico" que le causó el 'corralito'


BUENOS AIRES, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia falló a favor de un argentino cuyos ahorros quedaron retenidos en el llamado 'corralito' impuesto en durante la crisis de diciembre de 2001, en una decisión inédita por la que resolvió que el Estado deberá indemnizar con 30.000 pesos (8.000 euros) al afectado por el "daño psicológico" que le provocó la pérdida de sus ahorros.

Se trata de un fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento y es la primera vez que un ahorrador debe ser indemnizado por el Estado para resarcir "el daño psicológico y moral causados" y podría dar lugar a numerosos reclamos de este tipo, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.

En la sentencia, la magistrada consideró que el damnificado sufrió "un perjuicio moral caracterizado por una afrenta a su dignidad y a su tranquilidad de espíritu ante la incertidumbre del futuro". El damnificado tenía en el Banco Nación 118.000 dólares en una caja de ahorros y ya los había recuperado mediante una sentencia de 2002.

Posteriormente, el ahorrador pidió que le abonasen los intereses pactados en su oportunidad por el depósito, además de la suma de 30.000 pesos en concepto de indemnización por daño psíquico, 15.000 pesos por daño moral, y 3.500 pesos destinados a pagar el pago de los tratamientos psicológicos.

La decisión de la juez fue apelada por los abogados del ahorrista, quienes había reclamado un total de 48.500 pesos, y ahora está en manos de la Cámara. El pronunciamiento final sobre la pesificación aún está estudiándose en el Supremo, que ya declaró constitucional ese mecanismo pero para depósitos superiores a los 140.000 dólares.

Se espera que la resolución firmada por la juez dará pie a nuevos reclamos. En el estudio que tramitaron esta causa ya tienen iniciados unos 40 ó 50 reclamos de este tipo. Para el abogado Sebastián Kenig "se trata de un caso testigo que es un importante precedente para la resolución de juicios por daños y perjuicios contra el Estado.