BUENOS AIRES, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal federal argentino Alberto Nissman solicitó hoy al juez federal Canicoba Corral que emita una orden de captura internacional contra el ex presidente de Irán Akbar Rafjansani y cuatro de sus ministros, en el marco de las investigaciones por el atentando contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
La investigación apunta desde ahora al poder político de Irán y no sólo al brazo armado de la milicia chií libanesa Hezbolá, como era hasta el momento, y la petición de captura representa un "primer paso" para avanzar en la investigación, según informó el fiscal Luis Grynwald en declaraciones a la emisora local 'Radio 10'.
Se trata del ex titular de Exteriores, Alí Akbar Velayati; de Información y Seguridad, Alí Fallahijan; ex comandante de la Guardia, Moyen Rezai; el jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Hezbolá, Imad Moughnieh; el comandante de las Fuerzas Quds, Amad Vehidi; y el diplomático de la Embajada en Buenos Aires Amad Reza Ashgdari.
"RUPTURA DE RELACIONES"
"El atentado fue una decisión tomada por las más altas autoridades de Irán. Le hemos solicitado las capturas del ex presidente Rafjansani y otros funcionarios", señaló Nissman, quien precisó que el principal motivo que le llevó a acusar a la ex cúpula presidencial fue que tras el fallo del Tribunal Oral en la causa 'INTERPOL bajó la credibilidad de búsqueda. Hoy las capturas no están vigentes'.
El titular de la AMIA, Luis Grynwald, dijo que el trabajo de la Fiscalía es "largamente esperado" por la comunidad judía y que los cargos son "un primer paso" para el esclarecimiento del atentado. "Hace mucho tiempo que venimos planteando la ruptura de las relaciones", indicó.
"No sería nada nuevo, estamos esperando el dictamen que se eleve al juez (Rodolfo Canicoba Corral) y que actúe en consecuencia", añadió el titular de la AMIA. Mientras, familiares y amigos de las víctimas se mostraron "expectantes" por la resolución que se dará a conocer en los próximos días.
La decisión judicial abre un abanico de implicaciones económicas y políticas y marca el renovado impulso dispuesto por el Gobierno de Néstor Kirchner a la investigación del ataque concretado en 1994 y en el que murieron 85 personas.