BUENOS AIRES, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pidió este miércoles 25 años de prisión para Reynaldo Bignone (1982-1983), el último dictador que tuvo ese país, y para dos generales acusados de varias desapariciones forzosas y decenas de torturas, registros ilegales y robos cometidos durante el régimen 'de facto'.
Durante la vista del juicio oral y público que se desarrolla en el Tribunal Oral federal 1 de San Martín, los fiscales imputaron a Bignone y a varios generales de la guarnición de Campo de Mayo medio centenar de desapariciones forzadas, tanto de hombres como de mujeres.
La solicitud de la Fiscalía es igual a la que hiciera la semana pasada el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Annichiarico, y la abogada Alcira Ríos, durante la exposición de alegatos en el juicio oral y público que comenzó el pasado mes de noviembre.
Los fiscales también pidieron penas de 20 años de cárcel para el ex jefe del batallón 601 de inteligencia militar, Alberto Roque Tepedino; de 14 años para el entonces jefe de la escuela de infantería, general Jorge García; y de 12 años para el jefe de la escuela de logística, Eugenio Guañabens Perelló.
Para el comisario Germán Montenegro, jefe de la comisaría de Bella Vista por donde pasaron muchos de los secuestrados antes de ser trasladados a Campo de Mayo, reclamaron, en cambio, una pena de 2 años de prisión en suspenso.
En este proceso judicial sólo están siendo juzgados los delitos contra 58 víctimas de las más de 5.000 que pudieron haber sido torturadas, secuestradas y asesinadas en Campo de Mayo, donde funcionó un centro de prisiones clandestino.
Bignone, de 81 años, y el resto de los seis imputados por el caso de las desapariciones de Campo de Mayo han estado presente en todas las sesiones, escuchando los alegatos de la parte acusadora, pero este miércoles consiguieron una medida de excepción y no asistieron a la audiencia.
En el público han estado presentes también representantes de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes este miércoles presentaron sus alegatos contra los represores por los casos de mujeres que dieron a luz durante su cautiverio, cuyos hijos pudieron haber sido dados en adopción a otras familias.
El Tribunal Oral federal 1 de San Martín anunció que el jueves 15 de febrero comenzarán las audiencias en las que la defensa de los ex generales podrán presentar sus alegatos.