18 de febrero de 2012

Argentina.- El Gobierno dice que será "inflexible" si se prueba la existencia de una red de espionaje a líderes sociales

BUENOS AIRES, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, ha afirmado que el Gobierno será "inflexible" en caso de que se demuestre la existencia del llamado 'Proyecto X', nombre con el que se conoce al programa de la Gendarmería para espiar a líderes sociales, aunque ha manifestado que no tomará "decisiones" antes de que se evalúe si los registros se limitaron a lo contemplado por la Justicia.

Garré ha asegurado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que, "antes de aventurar conjeturas se ha ordenado una auditoría informática al 'Proyecto X', que es en realidad un software, para evaluar qué contiene" y ha recordado que se dio respuesta al Congreso "el 23 de enero, apenas requirieron informes".

"No admitimos espionaje, y si llegara a haberlo seremos inflexibles. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión", ha argumentado. Garré ha subrayado que dirá nada respecto a sus supuestos contactos con la red y ha postergado sus declaraciones hasta después de la publicación de los resultados de la auditoría.

El Ministerio de Seguridad ha apuntado que ha solicitado esta evaluación "para asegurarse que todos los proyectos de investigaciones coinciden con los requerimientos de la Justicia", y que, si se demuestra que se actuó al margen de la vía judicial "se tomarán medidas disciplinarias y administrativas de manera implacable".

El 'Proyecto X' es un software de análisis de información criminal y es utilizado para guardar los datos de investigaciones solicitadas por la Justicia, y no un programa de la Policía, según estas mismas fuentes, citadas por la agencia de noticias argentina Télam.

La oposición solicitó el jueves que Garré comparezca ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el 'Proyecto X'. La iniciativa ha partido de la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich, pero ha recibido el respaldo de los diputados de Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Frente Peronista (FP) y Socialistas del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (SMIJD).

"Hay que investigar las responsabilidades legales y políticas. En este caso debería intervenir la Justicia", ha considerado el diputado del PRO Jorge Triaca, en declaraciones recogidas por el diario 'Clarín'.

"El Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo. El reiterado intento por silenciar a los medios y el espionaje a opositores son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático", ha añadido el diputado de Frente Peronista Eduardo Amadeo.

El escándalo se destapó ayer tras la emisión de un programa de televisión en el que se reveló el informe que el director de la Gendarmería, Héctor Schenone, aportó en el marco de la investigación judicial de la causa 'Darío Javier Hermosilla'.

En este informe, Schenone admite la existencia del 'Proyecto X' y explica que su objetivo es obtener información de los líderes sociales, especialmente sindicales. Con este propósito, reconoce que agentes vestidos de civil se han infiltrado en las organizaciones sociales para espiar a sus dirigentes.

DENTRO DE LA LEY

Sin embargo, Garré ha recalcado que "el Gobierno jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad", y ha dicho que es el Ejecutivo que "con más firmeza" luchó contra la "impunidad", por la "no criminalización de la protesta social" y "los límites a la acción policial" desde el mandato de Néstor Kirchner.

"El camino para seguir avanzando es el consenso en todo el país y colaboración del Gobierno nacional que ha instruido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", ha dicho Garré a través de un comunicado.

Respecto a las medidas del Ejecutivo ante las manifestaciones sociales en el país, ha argumentado que el protocolo existente "implica la profundización de una práctica iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, consistente en garantizar una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación".

Esta normativa contempla "la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, así como la restricción respecto a la utilización de porras de goma exclusivamente con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestantes o de terceras personas".

"El Ministerio de Seguridad lleva un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y, además, ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas" ha apostillado Garré.