BUENOS AIRES, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno argentino está investigando si los militares prófugos condenados por crímenes durante la dictadura cuentan con una red de financiación, después de que las autoridades argentinas hayan congelado una cuenta al exmilitar Jorge Olivera, uno de los dos condenados por crímenes de lesa humanidad que se fugaron hace una semana del Hospital Militar.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, han detallado que Olivera cuenta con una red de cuentas para autofinanciarse.
"Nosotros lo que encontramos es un fideicomiso que a diciembre de 2010 tenía nueve millones de pesos. Había sido constituido por Olivera. Ese fideicomiso se vendió y compraron otro con una sociedad controlante", ha comentado Rossi, que ha explicado que ya está congelado y que se investiga el origen del dinero.
Rossi ha asegurado que el dinero es para financiar a militares prófugos de la justicia. "Presumimos que en algún lugar todas estas figuras de fideicomisos trataban de financiar estas cuestiones. Cualquier prófugo sin apoyo logístico más de 48 horas es difícil de sostener", ha comentado.
"Esto nos lleva a pensar que hay redes de cobertura detrás de este tipo de fugas y tal vez esto permita encontrar elementos para que la justicia actúe de manera más contundente", ha detallado el titular de Defensa, según el diario 'Clarín'. Alrededor de 60 militares condenados están prófugos de la justicia.
Tras la fuga de los exoficiales Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, el Gobierno argentino ha emitido una resolución por la que prohíbe que militares y exmilitares detenidos puedan ser ingresados en hospitales de las Fuerzas Armadas.