BUENOS AIRES, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal argentino Alberto Nisman, que investiga el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1998, ha ofrecido su renuncia al frente del caso si los acusados iraníes se entregan después de que el Gobierno iraní le acusase de sionista.
Nisman acusó la semana pasada a Irán de crear una red terrorista en América Latina para cometer atentados en la región, según sus averiguaciones sobre el atentado del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos. El Gobierno iraní aseguró que el fiscal era sionista y que por ello atacaba a las autoridades persas.
"Si el problema es Nisman, que se entreguen los acusados y yo renuncio", ha asegurado el fiscal, que ha acusado a varios altos mandos del Ejecutivo iraní de estar detrás de la preparación del atentado. "A estas alturas, la negativa genérica de Irán a las acusaciones ya no engaña absolutamente a nadie", ha asegurado.
En declaraciones a Radio Mitre, Nisman ha reiterado que ha vuelto a pedir a la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, la captura de los cinco principales acusados. "Si bien conocemos las dificultades que tienen ante un Estado que patrocina el terrorismo, deberían duplicar las peticiones", ha apostillado.
Buenos Aires y Teherán firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOE) el pasado enero "para destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada y empezar un nuevo camino para encontrar definitivamente la verdad". Según el acuerdo, se debe crear una Comisión de la Verdad compuesta por diez juristas internacionales --ni argentinos ni iraníes-- para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de ambos países.
Además, permitirá por primera vez a las autoridades argentinas interrogar a los cinco iraníes acusados en el país sudamericano del atentado de la AMIA, algo que el país persa había negado insistentemente. La Interpol dio su visto bueno al acuerdo, pero avanzó que no retiraría las órdenes de busca y captura contra los acusados.