14 de febrero de 2007

Argentina.- IU exige la detención de los represores que no están procesados en Argentina para ser extraditados a España

Critica a Aznar por no pedir su extradición, ya que permitió que los responsables de la desaparición de 600 españoles quedaran en libertad

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha exigido al Gobierno español que active todas las vías "diplomáticas, legales y policiales" para que Argentina proceda de inmediato a la detención de al menos la mitad de los 40 represores argentinos que no tienen en estos momentos causas pendientes en su país y que están incluidos en la petición de extradición que tramitó el Consejo de Ministros el pasado viernes.

"Debe procederse con rapidez a cotejar la lista de los militares que están o no imputados en Argentina e instar a su detención y extradición inmediata", afirmó el coordinador de la Comisión Internacional de IU, Francisco Pérez Esteban, quien consideró que la Justicia argentina debería detenerlos ya mismo y enviarlos a España para que sean juzgados por sus crímenes.

Respecto al resto, Pérez reconoció que será más difícil porque han sido procesados en su país tras la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. De producirse estas extradiciones, IU está convencida de que consolidará el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes contra la humanidad que inició la sentencia contra el represor Adolfo Scilingo, condenado a 640 años.

El Gobierno, en cumplimiento de una sentencia del Supremo de mayo de 2005, pidió la extradición de 40 represores procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Esa sentencia fue consecuencia del recurso interpuesto por IU, que ejerce desde 1996 la Acusación Popular en la causa instruida por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

VIDELA, MASSERA, BUSSI Y ASTIZ

El pedido de extradición de Garzón, que el Gobierno de José María Aznar se había negado a tramitar en 2003, afectaba a los principales integrantes de las Juntas Militares, como Jorge Rafael Videla, y a altos mandos del Ejército y la Marina, como Emilio Eduardo Massera o e Alfredo Astiz, que actuaron en el campo de concentración de la temida Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En la misma situación está el ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, responsable entre otros crímenes, del asesinato de la española Ana María Corral, de 16 años, ajusticiada personalmente por Bussi mediante un tiro en la nuca tras más de un mes sufriendo torturas en el Centro Clandestino de Detención 'Arsenal Miguel Azcuenaga' de San Miguel de Tucumán.

Otros de los afectados por la extradición son Omar Graffina, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, así como los militares Augusto Leonardo Leme, Santiago Martella, Carlos Eduardo Daviou, Antonio Vaquero, Hector Mario Schwab, y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que actuaba en la ESMA como el apelativo de 'teniente Vacca', y que es un conocido abogado de los represores.

"Con la tramitación de estas peticiones de extradición IU consigue una importante victoria jurídico-política que consolida jurídicamente este importante sumario y dará continuidad a las actuaciones contra militares argentinos y chilenos por crímenes contra la humanidad que se instruyen en la Audiencia Nacional desde 1996 y en la que nuestra formación está personada como Acusación Popular", recuerda Pérez.

CRITICAS AL GOBIERNO DE AZNAR

En este punto, el coordinador de la Comisión Internacional de IU asegura que con este paso se les da la razón en el enfrentamiento jurídico y político que IU mantuvo con el Gobierno de Aznar, después de que el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 no tramitara a la Justicia argentina la petición de extradición "de estos 40 torturadores" cursada por el juez Baltasar Garzón.

Pérez denuncia que esta decisión "no conforme a derecho" de Aznar supuso en la práctica la "protección 'legal'" suficiente para estos militares, 26 de los cuales fueron detenidos en Argentina en esas fechas por el juez federal Rodolfo Canicova Corral como consecuencia de la orden internacional de detención que contra ellos había cursado el Garzón en julio de 2003.

Por su parte, Enrique Santiago, dirigente de IU y abogado de los familiares de las víctimas, afirma que "Aznar incumplió a sabiendas las obligaciones derivadas del convenio de extradición firmado entre España y Argentina, al tiempo que ignoró los contenidos de la Ley de Extradición Pasiva".

"La consecuencia directa de esa decisión fue que estos 40 militares responsables de crímenes contra la humanidad, incluida la desaparición de 600 ciudadanos españoles, quedaran en libertad y hayan escapado a la actuación de la Justicia española durante más de tres años", sentenció.