BUENOS AIRES, 23 Ago. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El juez federal Daniel Rafecas decidió cerrar la instrucción de la causa por el presunto pago de sobornos a senadores a cambio de que aprobaran una polémica ley laboral que impulsaba el Gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), por lo que el sumario ha pasado a manos del fiscal del caso, quien deberá ahora realizar los trámites para la celebración de un proceso oral y público.
Según informaron fuentes judiciales, Rafecas dispuso el cierre de la causa y se la envió al fiscal Federico Delgado para que presente su petición formal de acusación, con lo cual el expediente pasará a la Cámara de Casación Penal, donde se sorteará el tribunal oral que juzgará el caso, probablemente el año próximo.
El escándalo por el presunto pago de los sobornos, ocurrido en abril de 2000, marcó el comienzo del declive de la Presidencia de De la Rúa tras la renuncia de quien era su vicepresidente y titular de la Cámara de Senadores, Carlos Alvarez.
De la Rúa también está acusado en el expediente del supuesto pago de sobornos y ya fue investigado por Rafecas, quien debe decidir sobre su eventual procesamiento. Sin embargo, será juzgado más adelante, ya que no está incluido en la parte del expediente que fue clausurada ayer por el magistrado.
En la causa ya están procesados los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Remo Constanzo, Augusto Alasino, Alberto Tell y Ricardo Branda; el ex senador radical José Genoud, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes.
También está procesado el ex secretario administrativo de la Cámara de Senadores Mario Pontaquarto, quien con su declaración hace tres año dio un vuelco en la investigación, al autoincriminarse y confesar que él personalmente había retirado el dinero de la Secretaría de Inteligencia para pagar los sobornos.
La investigación sumó un nuevo elemento la semana pasada, cuando una ex colaboradora del ex senador Constanzo, Sandra Montero, declaró haber visto un maletín con dinero en el despacho del legislador, que supuestamente correspondía al pago de la 'coima' o soborno.