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BUENOS AIRES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La justicia uruguaya ha ordenado congelar los fondos de una sociedad presidida por Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del vicepresidente argentino, Amado Boudou, según han informado al diario uruguayo 'El Observador' fuentes del caso.
El juez de Crimen Organizado Néstor Valetti ha ordenado al Banco Central de Uruguay que congele las cuentas bancarias de Dusbel debido a la existencia de indicios concretos de que la sociedad podría haber sido usada como pantalla para blanquear dinero de origen ilegal.
'El Observador' ha asegurado que el juez uruguayo ya ha enviado el exhorto correspondiente a la justicia argentina para que notifique a Vandenbroele la citación para que comparezca como investigado en este caso.
Todas las pesquisas judiciales giran en torno a la imprenta de papel moneda Ciccone. La justicia argentina investiga si Boudou benefició a la empresa como ministro de Economía, cargo que ocupó entre 2009 y 2011, a la vez que adquiría acciones suyas a través de Vandenbroele.
Los hechos se remontan a julio de 2010, cuando la Hacienda Pública argentina recomendó declarar la quiebra de Ciccone. Sin embargo, dos meses después reculó porque The Old Fund accedió a hacerse cargo de la imprenta de papel moneda.
En octubre de ese mismo año, dos días después de la muerte del ex presidente argentino Néstor Kirchner a causa de un infarto, cambió el accionariado de Ciccone, de modo que la sociedad uruguaya Dusbel pasó a controlarla.
A partir de este momento, y supuestamente con el visto bueno del Gobierno, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina benefició a Ciccone con una moratoria excepcional para refinanciar su deuda.
La ex mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, ha asegurado que éste era "testaferro" de Boudou y su testimonio ha sido admitido como prueba, según ratificó el pasado viernes la Sala IV de la Cámara de Casación de Argentina al negar la solicitud de nulidad presentada por el empresario.
Por estos hechos, el 'número dos' del Gobierno argentino, que actualmente ejerce de presidente interino debido a la baja médica de Cristina Fernández de Kirchner, se enfrenta a un delito de negociaciones incompatibles con la función pública y a otro de enriquecimiento ilícito.