BUENOS AIRES, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Argentina negó hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que hubiese dado su consentimiento al Estado uruguayo para construir la planta de celulosa Botnia e incumplir con el Estatuto del Río Uruguay de 1975, base de la disputa entre ambos países.
"En ningún momento las partes acordaron no aplicar el Estatuto", aseguró un especialista vinculado a la defensa, citado por la agencia de noticias argentina Télam.
"Uruguay pretende afirmar que hubo un consentimiento de Argentina a la violación del artículo 7 del Estatuto", aseguró el especialista en derecho internacional de la Universidad de Ginebra Marcelo Kohen, al defender la posición de Argentina en la segunda audiencia oral en el juicio por la planta finlandesa.
El citado artículo hace referencia a que la parte que proyecte obras que puedan afectar la "navegación, el régimen del río y la calidad de sus aguas", deberá comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo encargado de determinar si el proyecto puede producir perjuicio sensible al otro.
"En ningún momento las partes acordaron no aplicar el Estatuto de 1975, tal como afirma Uruguay. Es evidente que no ha sido así", subrayó el especialista. "Refutaré la pretensión del Estado uruguayo de que las partes se han puesto de acuerdo para la construcción de las pasteras", afirmó Kohen al inicio de su intervención.
Según explicó, durante las dos reuniones del CARU en las que Argentina condenó la entregas de autorizaciones para construir la española Ence, que quedó fuera del conflicto por su decisión de cambiar la localización de la planta, y la finlandesa Botnia, "ningún miembro de la delegación uruguaya afirmó que las partes hubieran salvado los obstáculos para llegar a un acuerdo para la construcción de las pasteras".
Por otro lado, Kohen sostuvo también que "Uruguay quiere hacer creer que las negociaciones paralelas pueden sustituir los procesos previstos en el Estatuto". "Si las negociaciones directas llevadas a cabo entre octubre de 2003 y mayo de 2006", hubiesen conducido a un acuerdo, éste "no sustituye las obligaciones hacia el Estatuto", expresó el especialista.
"Nosotros hemos demostrado la inexistencia de los pretendidos acuerdos, entre las partes", indicó, para luego añadir que "los argumentos desarrollados por Uruguay para justifica su comportamiento ilícito no tienen fundamento jurídico". Kohen insistió asimismo en que "la posición argentina es diametralmente opuesta a los argumentos expuestos a la Corte por Uruguay" sobre la existencia de un consentimiento para la construcción de Botnia y Ence.
"Uruguay ha intentado imponer a Argentina la construcción de dos plantas en la rivera izquierda del río compartido, sustituyendo el procedimiento establecido en el Estatuto", concluyó.