BUENOS AIRES, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) de Argentina, Martín Sabbatella, ha notificado al Grupo Clarín la continuidad del procedo de adecuación de oficio de la Ley de Medios, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declarara constitucional.
Sabbatella se ha trasladado hasta la sede del diario para notificar personalmente a sus directivos la continuidad del proceso de adecuación de oficio. "Serán cinco minutos como máximo", ha dicho, en medio de una gran expectación mediática, según la agencia de noticias Télam.
El pasado martes, la CSJ declaró constitucionales dos artículos de la Ley de Medios en respuesta a un recurso presentado por el Gobierno contra el fallo emitido el pasado mes de abril por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina.
La Sala I declaró inconstitucional al artículo 45 de la Ley de Medios, que impone un tope al número de licencias que puede conseguir un mismo grupo empresarial, al considerar que es discriminatorio porque favorece a la prensa estatal y a la que tiene negocios con el Estado.
Esta decisión supuso un varapalo judicial para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había centrado su batalla contra el Grupo Clarín --abiertamente opositor-- en este precepto, que ahora le permitirá despojarle de numerosos medios de comunicación.
También declaró inconstitucional el artículo 48, que obliga a verificar la existencia de vínculos societarios para aflorar procesos de integración vertical y horizontal antes de conceder la licencia y niega la existencia de un derecho adquirido con el régimen de multiplicidad de licencias.
Ahora, la decisión de la CJS permitirá la aplicación de estos artículos, que estaba suspendida, junto con el resto de la Ley de Medios, lo que afectará significativamente al negocio del Grupo Clarín, porque le obligará a desprenderse de al menos dos licencias y varias televisiones.
La batalla judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín comenzó en 2009, cuando el Congreso aprobó la norma jurídica y el conglomerado mediático acudió a los tribunales de justicia para frenar la aplicación de estos artículos.