BUENOS AIRES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la bancada del partido opositor Propuesta Republicana en el Parlamento argentino, Federico Pinedo, ha presentado una denuncia contra el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por extorsión y abuso de poder después de que el diario 'Clarín' informase de que Hacienda estaba investigando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, coincidiendo con varias decisiones del tribunal en contra del Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández.

Lorenzetti denunció que las pesquisas también iban en contra de sus hijos y al secretario general de Administración del máximo tribunal, Héctor Daniel Marchi. Según el juez, la investigación fue ordenada por Echegaray, aunque el organismo ha asegurado, a través de la agencia oficial de noticias Télam, que "no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre Lorenzetti ni sus hijos".

Los abogados de Pinedo han presentado este jueves por la mañana la denuncia. "Hay que poner un límite, el kirchnerismo tiene que entender que no puede utilizar el Estado para destruir el sistema democrático que tanto nos costó tener ni tampoco para atacar los derechos de la gente", ha advertido Pinedo.

En el documento de denuncia, el parlamentario asegura que la investigación de Hacienda pretende "imponer el temor no sólo al presidente del máximo tribunal de la nación, sino a todo el poder judicial", lo que supone un "pretendido atropello del Estado".

La semana pasada la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma judicial promovida por el Gobierno, una de las principales reformas impulsadas por Fernández, ya que considera que "no se puede obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares".

El 'kirchnerismo' se ha enfrentado a una gran oposición en el Congreso, donde consiguió sacar adelante esta reforma judicial tras largos e intensos debates, pero también internacional, ya que Naciones Unidas pidió al Gobierno argentino que la reconsidere porque "compromete seriamente los principios de separación de poderes".