17 de mayo de 2006

Argentina.- Ordenan reabrir un juicio de extradición a Alemania contra los ex dictadores Videla y Massera

BUENOS AIRES, 17 May. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

La Cámara Federal ordenó ayer reabrir un juicio de extradición iniciado por el Estado alemán contra los ex jerarcas de la dictadura militar (1976-1983) Jorge Videla y Emilio Eduardo Massera, a causa de la desaparición de una ciudadana de ese país ocurrida en 1977.

En consecuencia, el juez federal Sergio Torres deberá reabrir el juicio contra los ex jefes del Ejército y de la Armada por el caso que no había sido incluido en el histórico proceso a las Juntas Militares, que se realizó en 1985.

La fiscalía de Nuremberg había pedido estas extradiciones en diciembre de 2003 pero el juez Torres las rechazó en octubre y tras la apelación del Estado alemán, la Sala I de la Cámara Federal declaró "nula" esa negativa del juez por "prematura".

El caso por que se interesó el Estado alemán es el de Elizabeth Käsemann, de 24 años, asesinada después de pasar por el centro clandestino de detención El Vesubio y su cuerpos fue encontrado en un terreno baldío con varos disparos en la espalda.

La joven asesinada era hija de un pastor, estudiaba sociología en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Buenos Aires, según recuerda hoy el diario local 'Clarín'.

Los dos ex jefes militares fueron condenados en 1985 por la Cámara Federal, pero luego fueron beneficiados por los indultos que otorgó el ex presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) a ex oficiales de las fuerzas armadas y a ex jefes guerrilleros.

Alemania había pedido también la extradición del ex general Guillermo Suárez Mason, ya fallecido. El juez Torres había negado los pedidos de extradición al señalar que los tribunales argentinos están juzgando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Los camaristas Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani concluyeron que aquella negativa del juez, sin escuchar la opinión del Estado alemán, representó "un menoscabo al legítimo interés del recurrente de participar en el juicio donde se discutirían los aspectos formales que hacen a la viabilidad del pedido".