11 de septiembre de 2007

Argentina.-Organismos de DDHH critican la lentitud para investigar la represión policial tras la caída de De la Rúa

BUENOS AIRES, 11 Sep. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

Organismos de defensa de los Derechos Humanos presentaron "una queja" formal ante la Justicia por el retraso en la causa que investiga la represión policial del 21 de diciembre de 2001, cuando se produjo la caída del Gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), informaron fuentes oficiales.

"Más de cinco años y medio después, las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la represión de la protesta social en diciembre de 2001 --que dejó cinco muertos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, decenas de heridos y detenciones arbitrarias-- continúan impunes", sostuvieron tres organismos de defensa de los Derechos Humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coordinación contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) presentaron una queja ante la Cámara Federal por el "retraso de la Justicia" y reclamaron que el juez federal Claudio Bonadío eleve la causa a juicio oral.

Entre los imputados en la causa, se encuentran el ex secretario de seguridad, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal argentina, Rubén Santos, así como los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi.

"En octubre de 2006 la jueza Maria Servini de Cubría había decretado el cierre de la etapa de instrucción y en febrero de este año la causa quedó en condiciones de ser resuelta. Tras el alejamiento de Servini de Cubría, en julio, Bonadío se hizo cargo de la investigación. Más de un mes después de asumir la causa, el juez informó a las partes que el 15 estaría en condiciones de elevarla a juicio. Sin embargo, ese lapso venció sin que hubiera una resolución", sostuvieron los organismos en un comunicado.

Los representantes de las víctimas interpusieron un petición para agilizar el caso, que tampoco fue tenida en cuenta por el magistrado, por lo que ante la falta de respuestas, decidieron presentar una reclamación ante la Cámara Federal.

Las entidades sostuvieron que "venció hace más de 6 meses" el plazo para el cierre de la causa y estimaron que Bonadío "al asumir competencia para intervenir en una causa de esta complejidad e importancia institucional, también asumió la responsabilidad de cumplir los plazos legales y no dilatar el avance del proceso".

En la presentación ante la Cámara, cuestionaron las maniobras a las que recurrieron los abogados defensores y señalaron que corresponde a los jueces "tomar las medidas necesarias para evitar la responsabilidad internacional del Estado por denegación de justicia y retardo injustificado en el trámite del proceso, en particular cuando se trata de un caso en el que se investiga la violación de Derechos Humanos".