Por Pablo Abiad, socio y director general en Llorente & Cuenca Argentina.
BUENOS AIRES, 14 Jun. (Notimérica) -
La administración del presidente de Argentina, Mauricio Macri, aspira a trazar una línea en el almanaque e iniciar una nueva etapa de gestión cuando comience la segunda mitad de 2016.
Para esto, la Casa Rosada procuró concentrar los ajustes en los primeros meses y ya se apresta, con una batería de medidas y acuerdos, a terminar de delinear el marco que genere las inversiones que el país espera desde hace ya más de una década.
El Gobierno considera central reducir la inflación, que solo en mayo alcanzó un récord de más del seis por ciento. Para esto, ha reducido la emisión monetaria y ha colocado tasas de interés cercanas al 40 por ciento, que estimulan la reducción del monto de dinero circulante.
La Argentina ha tenido diversos períodos inflacionarios a lo largo de su historia y la tarea esta vez se presenta desafiante. Aún contando con una desaceleración de la subida de precios en la segunda mitad del año, debido al impacto recesivo de las medidas tomadas, las proyecciones de los analistas privados sitúan la inflación de 2016 en un promedio de alrededor del 35 por ciento.
El Gobierno ha recibido críticas por sus deficiencias para atender las consecuencias sociales del reordenamiento de la economía y también por algunas decisiones que potenciaron la inflación, como la autorización de una serie de subidas en el precio de los combustibles.
Mauricio Macri ha aumentado sus apariciones públicas en el último tiempo para intentar empatizar con los sectores de la sociedad que más han sufrido el reacomodamiento de la economía durante los primeros meses de su Gobierno.
El mensaje es evidente: la medicina es amarga, pero es necesaria para llegar a una situación que será mejor para todos.
Aún cuando bajar la inflación es uno de los principales objetivos del Gobierno, el recorte del gasto público no ha sido pronunciado. Los subsidios directos a la prestación de servicios públicos, que alcanzaron el 5,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2015, fueron disminuidos, pero llegarán de todas maneras al 3,9 por ciento del PIB, de acuerdo a proyecciones privadas.
De similar modo, los usuarios, si bien vieron severamente incrementadas sus tarifas (un 200 por ciento) en electricidad y un 200 por ciento en gas natural, en promedio, todavía siguen sin pagar los costos reales de los servicios: el precio del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, está estancado en la mitad de su valor real.
Más allá del ataque a la inflación, la liberación de las restricciones para operar en el mercado cambiario ('el cepo'), el sinceramiento de las tarifas, el acuerdo y el pago a los llamados Fondos Buitres que le habían ganado la batalla judicial al Estado argentino, son las medidas económicas que tomó Macri con el fin de generar el interés de inversores extranjeros en el país.
El Gobierno también rediseñó el esquema de alianzas internacionales del país y dio señales positivas a Estados Unidos y los países de Europa Occidental.
La reforma del sistema judicial es, en efecto, otra de las asignaturas pendientes de las que el Gobierno de Macri tiene en agenda para completar un escenario de inversiones más seguras en un país que no se ha llevado bien con las reglas de juego más ortodoxas. Esa reforma no es, probablemente, de las cuestiones prioritarias; el área judicial es de las que, como el Congreso, la Casa Rosada no logra operar todavía con la profundidad y precisión requeridas.
El control de la inflación, el aumento de la actividad, el arribo de inversiones y la generación de empleos son, las cuestiones que la administración Macri ha resuelto atacar en primer término. El Gobierno espera que en el tercer trimestre se frene la caída del consumo y hacia el final del año se inicie el proceso de recuperación económica.
Resumen del informe especial publicado en http://www.desarrollando-ideas.com/