Actualizado 17/12/2013 20:45

El Supremo declara "inaplicables" tres leyes de la reforma del Poder Judicial


BUENOS AIRES, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Argentina ha declarado "inaplicables" tres leyes de la reforma del Poder Judicial, que ya ha sido aprobada por el Congreso, pero que se encuentra en los tribunales por los numerosos recursos presentados por la oposición.

El alto tribunal ha rechazado la ley 26.861, sobre los concursos públicos para el ingreso a cargos letrados y personal de limpieza, basándose en el artículo 113 de la Constitución, según el cual "la CSJ dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados".

"Como autoridad de aplicación la CSJ sancionará la reglamentación del procedimiento de concursos públicos previstos para el ingreso al Poder Judicial", ha dicho, según ha informado la agencia de noticias oficial, Télam.

También se ha referido a la ley 26.857, que impone el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos. La CSJ ha considerado que es "consistente con los principios de transparencia", pero ha rechazado que esta función recaiga sobre la Oficina Anticorrupción.

"Se establece como autoridad responsable de la aplicación del régimen de recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios de este tribunal a la Secretaría General y Administración de la CSJ", ha corregido.

Finalmente, ha aludido a la ley 26.856, que obliga a publicar en un diario judicial gratuito todos los fallos. El alto tribunal ha indicado que "los objetivos centrales ya se encuentran cumplidos" a través del Sistema Informático de Gestión Judicial.

'ITER' JURÍDICO

El pasado mes de abril, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, consiguió sacar adelante en el Congreso su reforma judicial, tras largos e intensos debates, a pesar de la fuerte oposición a la que se enfrenta a nivel nacional e internacional.

Apenas dos meses después, la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría declaró inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el punto clave de la reforma judicial impulsada por el 'kirchnerismo'.

En respuesta, el Ejecutivo presentó un 'per saltum' ante la CSJ, que finalmente dio la razón a De Cubría al declarar inconstitucionales cuatro artículos de la reforma judicial argumentando que "no se puede obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a unas elecciones populares".