BUENOS AIRES, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El canciller argentino, Héctor Timerman, ha acusado este jueves a la empresa papelera finlandesa UPM-Botnia de haber extorsionado al Gobierno de Uruguay con la amenaza de despedir a miles de empleados para conseguir que el Gobierno de José Mujica le autorizara a elevar su producción de celulosa.
Ayer, Mujica anunció que había autorizado a la papelera a producir 100.000 toneladas más, la mitad de lo que la empresa había pedido, con algunas condiciones relativas al impacto que su actividad tiene en el río Uruguay, que separa al país de Argentina. El Gobierno argentino anunció inmediatamente que llevará la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"Es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países, especialmente entre dos países hermanos como Uruguay y Argentina" y permitir que "los intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas", ha defendido Timerman.
En declaraciones a Radio Nacional, el canciller ha afirmado que "UPM realizó todas las maniobras posibles para forzar a Uruguay a tomar una decisión violatoria de los acuerdos y que llevaba a un problema muy serio entre ambos gobiernos".
Según Timerman, la empresa, "además de las presiones que realiza habitualmente, adelantó el ciclo productivo para terminar con la autorización de 1 millón de toneladas dos meses antes de lo previsto y de esta manera enviar el seguro de desempleo, o sea, dejar de pagarle a los empleados de Botnia y de empresas proveedoras sus sueldos".
"Lo hizo a propósito porque todos los años desde que comenzó a funcionar, Botnia termina su plan de producción anual en octubre y este año terminó en agosto", ha precisado. "Uno podría creer que hay hasta una cierta extorsión" en el hecho de haber adelantado "tanto su producción y enviar a todos sus empleados y obreros de empresas afines a una situación de falta de trabajo", ha añadido.
Así las cosas, Timerman ha subrayado que "Argentina no tenía otro camino que recurrir a La Haya porque el Gobierno de Uruguay tuvo una decisión unilateral que viola todos los acuerdos entre los dos países y el fallo propio de la Corte Internacional de La Haya".
Según ha explicado, había propuesto a su homólogo uruguayo, Luis Almagro, viajar el miércoles a Montevideo "para continuar dialogando y el miércoles a las 5 de la tarde unilateralmente el presidente Mujica hace el anuncio y nos deja totalmente descolocados".
"Nosotros pensábamos seguir dialogando y tratando de resolver este tema entre los dos gobiernos pero, sin embargo, las presiones que debe haber puesto la empresa fueron de tal magnitud que hizo que esto fracase", ha lamentado, según recoge la agencia Télam.
URUGUAY NO HABLA
Mujica ha dado órdenes a los miembros de su Gobierno de que no respondan a la decisión tomada por Argentina de llevar a Uruguay ante la CIJ. Según informa el diario 'Subrayado' en su edición electrónica, tras producirse el anuncio ayer por parte de Timerman, buscó una reacción de la Cancillería uruguaya, pero las fuentes gubernamentales consultadas les indicaron que Mujica ha dado instrucciones a los ministros de no hablar.
El propio Mujica fue el encargado de anunciar este miércoles la decisión de la ampliación de la producción a la prensa en su despacho y reconoció que seguramente su decisión causaría "tensión y malentendidos" pero defendió que "la función de gobernar a veces nos obliga a tomar decisiones dolorosas".
El mandatario también reconoció, según recoge este jueves la prensa local, que su decisión es "inoportuna" ya que Argentina se encuentra en periodo electoral, ante las elecciones parlamentarias de noviembre, "y naturalmente el clima cuando existen elecciones, no es el más adecuado como para tener razonabilidad".
"Hemos autorizado a la empresa a aumentar su producción a la mitad de lo que nos había solicitado, aproximadamente 100.000 toneladas", indicó Mujica, subrayando que se trata de un permiso de "carácter provisorio y revocable".
Asimismo, Mujica, que defendió que "muchas veces y en notoria soledad política" ha luchado por mantener la relación con Argentina "contra viento y marea", aseguró que "desde el punto de vista jurídico, Uruguay está procediendo de forma correcta, y que lo que está haciendo no merece ninguna objeción".
Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron el pasado martes que delegaciones de los dos países se reunieran esta semana en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral, pero apenas 24 horas después se ha producido el anuncio de Montevideo.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.