Actualizado 17/12/2013 21:29

Mujica no permitirá que manifestantes de Argentina crucen a Uruguay

La decisión de llevar a Uruguay ante la CIJ genera división en el Gobierno de Fernández, según la prensa

   MONTEVIDEO/BUENOS AIRES, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Uruguay, José Mujica, no permitirá que los habitantes del departamento argentino de Gualeguaychú crucen el domingo la frontera para expresar su protesta por la decisión de Montevideo de autorizar a la papelera UPM-Botnia el aumento de la producción en su planta situada a orillas del río que sirve de frontera entre los dos países.

    Según informa el diario uruguayo 'El País', Mujica conversó este jueves por teléfono con el intendente (gobernador) de la provincia uruguaya de Río Negro, Omar Lafluf, y ambos acordaron que solo el intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, y tres personas podrán cruzar la frontera, no así los 'piqueteros'.

   Las organizaciones ecologistas y vecinales contrarias a la planta de celulosa situada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, al otro lado del río Uruguay frente a Gualeguaychú, han convocado para este domingo una marcha en protesta por el aumento de la producción hacia el puente que une a los dos países.

   En declaraciones a 'El País', Lafluf, en cuya provincia está Fray Bentos, acordó con el presidente del país que solo Bahillo y una pequeña delegación podrán entrar a Uruguay para mantener un encuentro con él.

   Además, según el diario, el Gobierno uruguayo está preparando medidas de seguridad para impedir el ingreso de activistas en masa por el puente Fray Bentos-Puerto Unzué y el despliegue de lanchas en el lado uruguayo del Río Uruguay.

   Por el momento, según las fuentes consultadas por el periódico, no se desplegarán soldados para garantizar la seguridad de la planta. Durante la anterior crisis, en diciembre de 2006, el entonces presidente Tabaré Vázquez ordenó el despliegue de unos 60 soldados de infantería, que tomaron posiciones dentro del perímetro de Botnia con fines disuasivos. Además, la Armada Nacional instaló piquetes en la terminal portuaria de la empresa y la Policía se encargó de custodiar el interior de Botnia.

   En esta ocasión, desde ayer la Prefectura Nacional Naval dispuso el alerta en costas del río Uruguay ante posibles incursiones sorpresivas de activistas argentinos y armará un dispositivo de seguridad para el próximo domingo para evitar que la marcha de los ecologistas cruce el puente hacia Uruguay.

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN

   El miércoles, Mujica anunció que había autorizado a la papelera a producir 100.000 toneladas más, la mitad de lo que la empresa había pedido, con algunas condiciones relativas al impacto que su actividad tiene en el río Uruguay, que separa al país de Argentina. El Gobierno argentino anunció inmediatamente que llevará la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

   Además, el canciller argentino, Héctor Timerman, acusó este jueves a la empresa papelera finlandesa de haber extorsionado al Gobierno de Uruguay con la amenaza de despedir a miles de empleados para conseguir que Mujica le autorizara a elevar su producción de celulosa.

   "Es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países, especialmente entre dos países hermanos como Uruguay y Argentina" y permitir que "los intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas", defendió Timerman.

   El canciller denunció que "UPM realizó todas las maniobras posibles para forzar a Uruguay a tomar una decisión violatoria de los acuerdos y que llevaba a un problema muy serio entre ambos gobiernos" y acusó a la empresa de haber hecho "extorsión" a Montevideo amenazando con despedir a los trabajadores.

DIVISIONES EN EL GOBIERNO ARGENTINO

   Por otra parte, según informa este viernes el diario argentino 'La Nación', la decisión de la presidenta, Cristina Fernández, y el canciller de llevar el conflicto con Uruguay ante la CIJ ha generado división en las filas del Gobierno.

   Fuentes de la Casa Rosada han revelado al diario que hay varios ministros y funcionarios de segunda línea que no comparten la idea de pelearse con Mujica y se inclinan, en cambio, por una negociación diplomática a largo plazo. La pelea con Uruguay "no llevará a buen puerto", ha asegurado al diario "un destacado ministro", al que no identifica.

   Algunos funcionarios próximos a la presidenta creen que ésta se ha dejado influenciar el espíritu electoralista de Timerman y del gobernador de Entre Ríos (donde está Gualeguaychú), Sergio Urribarri, que creyeron que con esta decisión sumarían los votos de los habitantes de la región afectada por la papelera.

   Incluso, algunas de las fuentes consultadas, apuntan a que Fernández podría buscar con esta decisión impulsar en el nivel nacional a una figura como Urribarri con vistas a potenciarlo como eventual candidato del 'kirchnerismo' para las presidenciales de 2015.

EL FALLO DE LA CIJ

   El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.

   El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.

   La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.

   A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.

   No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.

   "Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.

   Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".

   "Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.