Actualizado 17/12/2013 21:28

Mujica recrimina a Argentina que ofrezca datos "terroríficos" sobre UPM-Botnia

José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner
Foto: REUTERS

MONTEVIDEO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Uruguay, José Mujica, ha acusado al Gobierno de Argentina de ofrecer datos "terroríficos" sobre la empresa papelera finlandesa UPM-Botnia, situada en la frontera común y que pretende incrementar su producción a pesar de las denuncias de Buenos Aires por el posible aumento de contaminación.

   El miércoles, Mujica anunció que había autorizado a la papelera a producir 100.000 toneladas más, la mitad de lo que la empresa había pedido, con algunas condiciones relativas al impacto que su actividad tiene en el río Uruguay, que separa al país de Argentina. El Gobierno argentino anunció inmediatamente que llevará la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

   "Es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países, especialmente entre dos países hermanos como Uruguay y Argentina", y permitir que "los intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas", ha defendido el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, que ha asegurado que la empresa ha advertido de que si Montevideo no aumenta la producción, despedirá a miles de trabajadores.

   Mujica ha dado órdenes a los miembros de su Gobierno de que no respondan a la decisión tomada por Argentina de llevar a Uruguay ante la CIJ, aunque este jueves se ha referido a las declaraciones de Timerman y las críticas por el aumento de producción.

   "Se dicen muchos datos aprovechando de que la gente no tiene idea. Por ejemplo, el campo ganadero, ¿cuánto fósforo por erosión pierde por año? Se van a quedar impresionados", ha indicado en una entrevista con el diario 'Subrayado'.

   Mujica ha criticado a Timerman por mencionar el uso del insecticida endosulfán en la fábrica como un agente contaminante, a pesar de que los campesinos argentinos lo utilizan en sus cosechas de soja. "Lo que no dijo el canciller es que del lado de Gualeguaychú, en el agua, se encontró diez veces más endosulfán que de este lado", ha comentado.

   El Gobierno de Argentina "utiliza los números como para dar una idea irreversible, terrorífica". "Pero es más complicado el asunto: hay que trabajar y cuidar la naturaleza", ha indicado el mandatario uruguayo en la entrevista.

EL FALLO DE LA CIJ

   El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.

   El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.

   La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.

   A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.

   No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.

   "Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.

   Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".

   "Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.