BUENOS AIRES, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El ex agregado comercial de la embajada argentina en Caracas, Alberto Álvarez Tufillo, afirmó este jueves ante un juez que el ministro de Planificación Federal (Fomento) argentino, Julio de Vido, dirigía junto a otros funcionarios públicos una red de cobros de comisiones a empresarios argentinos que querían hacer negocios en Venezuela.
Tufillo afirmó que Buenos Aires y Caracas mantenían una diplomacia paralela al más alto nivel con el fin de que funcionarios del ministerio de Planificación Federal cobraran sobornos a las empresas argentinas que, en el marco de un programa de colaboración bilateral firmado en 2004, quisieran hacer negocios en Venezuela.
"Del total de las reuniones, la Embajada (argentina en Caracas) no participaba en un 85 por ciento", declaró Tufillo ante un tribunal argentino que investiga en el llamado 'caso de las coimas (sobornos)', en el que la Justicia argentina investiga si funcionarios públicos recibieron comisiones ilegales a cambio de autorizar la venta de maquinaria agrícola a Venezuela.
Según Tufillo, en Venezuela funcionaba una diplomacia paralela sustentada por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y de Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales, un organismo dependiente de este ministerio, que tenía como fin cobrar comisiones de hasta el 15 por ciento.
Tufillo declaró que De Vido viajaba a Caracas cada dos meses aproximadamente. "En la mayoría de las reuniones la Embajada no participaba. Eran reuniones del más alto nivel. Se reunía con el presidente (venezolano Hugo) Chávez, con el ministro de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Energía y Minas", afirmó el ex diplomático en declaraciones recogidas por 'Clarín'.
El antiguo agregado comercial afirmó también que muchos viajes de funcionarios argentinos no eran declarados en sede diplomática, pero que en la embajada tenían conocimiento de ellos gracias a las comunicaciones extraoficiales de funcionarios venezolanos.
Esta es la segunda vez que Tufillo declara ante un juez. La primera fue el pasado mes de noviembre, cuando se le requirió para que explicara el contenido de unos cables que envió al Gobierno argentino en que alertaba de la desaparición de 90 millones de pesos (unos 18 millones de euros, al cambio actual) del fondo bilateral para el comercio creado por los dos países en 2004.