MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El represor argentino Ricardo Miguel Cavallo será juzgado en España por los crímenes de la dictadura argentina (1976-83), al anular el Tribunal Supremo la cesión de jurisdicción a favor del citado país sudamericano acordada por la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. El alto tribunal considera que la Audiencia aplicó una vía "inadecuada", estimó una declinatoria de jurisdicción "planteada de forma incorrecta" y usurpó funciones del Ejecutivo en materia de extradiciones.
En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, se estiman los recursos presentados por la Fiscalía y las numerosas acusaciones personadas en la causa contra la decisión de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que admitió un artículo de previo pronunciamiento presentado por Cavallo. La defensa afirmaba que debía ser juzgado en Argentina, puesto que había causas por los mismos hechos abiertas contra él en el país en el que se cometieron.
La resolución, de 14 páginas, critica a la Audiencia Nacional, porque el auto, del que fue ponente Alfonso Guevara, "a través de una inadecuada vía procesal, cual la estimación de una declinatoria de jurisdicción, planteada de forma incorrecta como artículo de previo pronunciamiento, en realidad viene a disponer materialmente la extradición de un acusado, cuyo enjuiciamiento se había acordado ya, con anterioridad, que correspondía a los tribunales españoles".
Además, precisa que a dicha decisión se llegó sin que existiera una petición de extradición previa por parte de Argentina, "ni comprobación de la concurrencia de los requisitos legalmente previstos para ella, sustrayendo al Ejecutivo su capacidad de decisión en esta materia y contraviniendo, además, el contenido de los Tratados suscritos por nuestro país, tanto con Argentina como con México".
Por ello, anula el auto por el que Cavallo iba a ser juzgado en Argentina, a pesar de que aquí ya estaba todo listo para la celebración del juicio oral. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado entre 13.000 y 17.000 años de cárcel para él en función del Código Penal que se le aplicara por los delitos de genocidio, detención ilegal y torturas.
Cavallo, que lleva siete años en prisión, tres en México y cuatro en España, fue identificado en el citado país norteamericano por víctimas de la represión argentina, en concreto, de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), lo que permitió su identificación y extradición a España en junio de 2003. Según el convenio firmado entre ambos países, la entrega de Cavallo a Argentina habría tenido que contar con la autorización de México.
SATISFACCIÓN.
La sentencia del Supremo ha sido acogida con satisfacción por parte de las acusaciones de víctimas de la dictadura argentina personadas en la causa. En concreto, el abogado Manuel Ollé, que ejerce la acusación en nombre de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y de la Asociación Pro Derechos Humanos en España, destacó su importancia porque ratifica la competencia de los tribunales españoles para juzgar el genocidio y otros delitos de persecución universal.
En opinión de Ollé, la decisión del Supremo también debería ser satisfactoria para el propio Cavallo, ya que significa que será juzgado con rapidez, mientras que si hubiera sido entregado a Argentina los procedimientos se encuentran en una fase tan inicial que habría tenido que esperar el juicio durante años.