BOGOTÁ, 3 May. (Notimérica) -
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, ha aportado este miércoles detalles sobre la presunta red de corrupción llevada a cabo con proyectos pertenecientes al proceso de paz.
Esta red giraría en torno al cobro de comisiones por parte de políticos que actuaban como intermediarios a cambio de que tramitaran determinados proyectos sociales para personas desmovilizadas en el marco del posconflicto y que, en su mayoría, son financiados por países extranjeros. Martínez ha hecho pública esta información durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, según informa 'El Colombiano'.
En primer lugar ha señalado que la Fiscalía fundamenta sus investigaciones en más de 80.000 registros telefónicos que se remontan hasta enero de 2017. En segundo lugar, ha establecido que han sido identificadas 12 personas cómo encargadas de cobrar los sobornos a cambio de la tramitación de los mencionados proyectos sociales y que su imputación se conocerá en los próximos días.
Buena parte de la información ha sido fruto de declaraciones de Marlón Marín, presunto líder de la trama que actualmente está en Estados Unidos (EEUU) en condición de informante para la justicia de ese país.
"Marlón Marín rindió un interrogatorio en la Fiscalía donde confirmó la dimensión, el alcance de la investigación y se ofreció a actuar desde EEUU. Quiere contribuir con información para aclarar todo este entramado que alcanzó a construirse con los dineros de la paz", ha indicado el fiscal, según informa 'Semana'.
CÓMO SE COBRABAN LOS SOBORNOS
Con información de Marín, el fiscal ha expuesto tres maneras distintas en las que se realizaba el pago de los sobornos.
En primer lugar, ha señalado que, de cara a la contratación de vías terciarias, "se pagaba el 11 por ciento en coimas (sobornos), es decir, un 5,5 por ciento con el anticipo y la otra mitad con el acta de la primera obra".
Ha añadido que los intermediarios solían conseguir información de los municipios donde se iban a desarrollar los proyectos y de la cantidad exacta de dinero que se invertiría en ellos. Según Martínez, Marín "habló de los contactos que hizo con los alcaldes que habrían recibido una parte de los recursos" y además entregó nombres de varios de ellos.
Así, la red habría llegado a conseguir contratistas para proyectos en 58 municipios de 19 departamentos, entre los que se encontrarían Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, César, Córdoba, Caquetá, Casanare, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Vaupés.
El segundo método para realizar los cobros tiene que ver con las llamadas Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), integradas por 344 municipios y donde, por propuesta del Gobierno, las empresas y sociedades que en ellas desarrollen todo el proceso productivo recibirán beneficios tributarios durante 10 años.
Martínez sostiene que en estos territorios los intermediarios buscaban a los contratistas que realizarían los proyectos y se encargaban de que estos fueran viables. A la hora de efectuar los pagos, relata que "inicialmente eran el cinco por ciento, luego variaba entre el diez y el once por ciento" y que bajo este método se establecieron entre 50 y 60 proyectos.
El tercer 'modus operandi' se relaciona con varios trámites llevados a cabo en la Agencia de Desarrollo Rural. Según el fiscal, "se evidenciaron ofrecimientos a partir de esta red de intermediarios que tenía por objeto que se reformularan los proyectos de acuerdo con la tecnología y requisitos que pedía la agencia y para esa gestión se cobraba un porcentaje del once por ciento". Asegura que "esto fue declarado bajo juramento por el actor que intervino en el proceso".
GARANTIZAR LOS PROYECTOS
Ha añadido que los intermediarios también habían llegado a tener vínculos con trabajadores del Departamento de Planeación Nacional para garantizar que los proyectos por los que habían cobrado los sobornos salieran adelante.
"Funcionarios públicos habrían recibido recursos. Hubo pagos por varios millones de pesos para conquistar la viabilidad técnica y financiera. Adicionalmente se cobraba el doce por ciento del valor de los proyectos que se pagaría con la adjudicación de cada obra", señala. Bajo esta estrategia se han contado seis contratos.
"Se conocerán en los próximos días los contratos, pero el grueso no está contaminado. Debemos asegurar que la última moneda llegue a los desmovilizados, sería un crimen que una moneda de centavo termine en bolsillos privados", ha señalado Martínez Neira durante su intervención.