BOGOTÁ, 15 Nov. (Colprensa/Notimérica) -
El jefe de la delegación negociadora del Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Humberto de La Calle, dijo el pasado sábado que los magistrados del Tribunal Especial para la Paz tendrían que acogerse a la jurisprudencia actual en los casos que sean examinados por ese tribunal, como el narcotráfico como delito conexo.
"Sobre el discutido tema de la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas", informó De La Calle.
Este asunto ya ha sido discutido con anterioridad por la Corte Suprema de Justicia. En 2015, la Corte Suprema reiteró que existe la conexidad del delito de tráfico de estupefacientes con el de rebelión cuando esa actividad ilegal ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes. Sin embargo, el alto tribunal aclara que esto no impide que se puedan hacer efectivos los trámites de extradición de los integrantes de los grupos ilegales que sean solicitados por otros países.
Esta aclaración de la Corte Suprema se dio cuando el órgano judicial emitió concepto favorable a la solicitud de extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias 'Misael', quien presuntamente actuó como director financiero del Frente décimo de las FARC.
Previamente, el tribunal había conceptuado que en el proceso de Justicia y Paz sí pueden ser juzgados los delitos de narcotráfico y lavado de activos, si se trata de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a las estructuras de las Autodefensas.
"En Colombia el narcotráfico ha influido en el conflicto nacional de manera profunda y permanente al punto que ha sido llamado 'el combustible de la guerra' por los cuantiosos recursos que provee a los grupos armados organizados al margen de la ley, tanto de izquierda como de derecha", señaló el alto tribunal.
Aunque estos son algunos de los conceptos que se han emitido desde las altas cortes, en caso de que se reabra el debate frente al caso del narcotráfico, según explicó De La Calle, la entidad que resolvería estas discusiones sería la Corte Constitucional.
"Se estableció también que la revisión de las tutelas contra decisiones de la Jurisdicción Especial estarán a la cabeza de la Corte Constitucional", sentenció De la Calle.