MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Los homicidios de líderes sociales y ex guerrilleros de las FARC cometidos en Colombia durante la pandemia de coronavirus han aumentado, en contra de la tendencia general de reducción de los homicidios, según el informe trimestral de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que se ha publicado este lunes.
La FIP ha observado que "la pandemia actúa como un dinamizador que puede intensificar o en algunos casos desacelerar las dinámicas de violencia y de confrontación armada", por lo que "sus posibles efectos no apuntan a una sola dirección, sino que son heterogéneos: varían dependiendo del territorio".
En cualquier caso, ha subrayado que "la confrontación armada continúa activa, con el aumento de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública y de los grupos armados", si bien "su letalidad ha disminuido" tanto entre uniformados como entre insurgentes y criminales.
Los grupos armados que mayor actividad han registrado en estos tres meses son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, aunque la mayoría de los combates de militares y policías han sido contra el Clan del Golfo y Los Caparros.
Además, "a nivel nacional los homicidios disminuyeron un 16 por ciento", un poco menos en los municipios que se benefician de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde el descenso ha sido del 12 por ciento.
Sin embargo, esta reducción contrasta con el repunte de las agresiones (10 por ciento) y de los homicidios (53 por ciento) contra líderes sociales, siendo Cauca, Putumayo y Antioquia los territorios más afectados.
En la misma línea, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha contabilizado 16 ex guerrilleros de las FARC asesinados durante el primer trimestre de 2020, un 33 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la FIP cuenta 21, "a través del seguimiento de prensa y otras fuentes".
En este trimestre, también han aumentado los desplazamientos forzados, en un cinco por ciento, con Nariño, Putumayo y Antioquia como los departamentos donde más movimientos de población se produjeron.
"También continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos. En algunas zonas, incluso, se han intensificado", ha añadido la FIP.