MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha instado a la Asamblea Legislativa de El Salvador "reflexionar profundamente" sobre el proyecto de ley de justicia transicional, advirtiendo de que la versión actual podría traducirse en una "amnistía 'de facto'" para los crímenes de la guerra civil.
La oficina de Bachelet ha observado que el borrador "contiene una serie de disposiciones que podrían traducirse en una amnistía 'de facto'", beneficiando "de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos" responsables de dichos crímenes.
La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha subrayado que estas personas "ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir y reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones del Derecho Internacional".
Entre las disposiciones conflictivas, Bachelet ha mencionado la suspensión de las penas de prisión para todas las personas que reconozcan su responsabilidad en los crímenes cometidos durante el conflicto armado, que serían sustituidas por penas alternativas de servicios a la comunidad.
A este respecto, ha recordado que, según el relator especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, "los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los Derechos Humanos".
Además, la oficina de Bachelet ha criticado que "permite atribuir la responsabilidad penal solo a quienes participaron directamente en los hechos, lo cual impediría investigar y sancionar a los autores intelectuales y a todos los miembros de las cadenas de mando que estuvieron involucrados en las atrocidades".
Por otro lado, la ex presidenta chilena ha considerado "preocupante" que el anteproyecto de ley sea fruto de una Comisión 'Ad Hoc' "seriamente cuestionada" porque algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado y por la falta de transparencia y participación de las victimas.
Bachelet ha llamado la atención sobre el hecho de que no se ha integrado "verdaderamente" el punto de vista de las víctimas. "En particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora y de quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado", ha apuntado.
Como único punto positivo ha destacado que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa sí ha recibido a organizaciones de la sociedad civil integradas en la Mesa contra la Impunidad, que ha presentado una propuesta propia que, en opinión de Bachelet, "está en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de Derechos humanos.
"Espero que estos insumos, así como los otros que podrían llegar de un proceso amplio de consulta (...), puedan orientar a los diputados, evitando disposiciones que contravienen el Derecho Internacional o que puedan menoscabar la búsqueda incesante de justicia de las personas que todavía sufren las secuelas de las atrocidades vividas", ha dicho.
Así las cosas, ha instado "a las instituciones competentes a reflexionar profundamente sobre los progresos en materia de justicia transicional en El Salvador y la importancia de seguir avanzando (...) para la reconciliación nacional" y se ha ofrecido a "proporcionar asistencia técnica a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones para este fin".