SANTIAGO, 7 Oct. (Reuters/Notimérica) -
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha roto a llorar durante un acto público en el que reconoció los fallos del Estado a la hora de brindar justicia a los militares que fueron torturados durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El reconocimiento público de la jefa de Estado, hija de un general leal al depuesto presidente Salvador Allende que murió en 1974 tras sufrir torturas, cumple con una de las exigencias de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una demanda presentada en representación de exmilitares que resistieron el violento quiebro democrático.
Además del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la sentencia obliga a Chile a anular las condenas dictadas, continuar y concluir la investigación de los hechos y pagar indemnizaciones por daños, entre otros.
"Hoy el Estado de Chile les reconoce solemnemente su condición de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos. Ustedes fueron juzgados y condenados injustamente. Se les arrebató aquello que más querían: se les llamó traidores", ha señalado Bachelet con voz quebrada.
"Gracias a su esfuerzo, a su coraje y a su tenacidad", alcanzó a agregar antes de romper en llanto ante el aplauso de los asistentes al evento.
La CIDH falló el año pasado en contra del Estado en el caso 'Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile', relacionado con la denegación de justicia en perjuicio de una decena de ex oficiales que fueron torturados tras el golpe de Estado de Pinochet en 1973.
Según el dictamen, el Estado chileno incumplió su obligación de ofrecer un recurso efectivo a las víctimas para dejar sin efecto procesos realizados como "consejos de guerra" que tomaron en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura.
"Permitan que esta presidenta, hija de un general, reconozca lo que ustedes han logrado con una única palabra final: gracias", ha declarado Bachelet ante la presencia de familiares de las víctimas.
Durante la dictadura del fallecido Pinochet, que se extendió durante 17 años, unas 3.000 personas murieron por razones políticas y alrededor de 28.000 sufrieron torturas, incluida la actual mandataria.