MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Bahréin ha ratificado este lunes la pena de muerte dictada contra dos hombres acusados de matar a un policía en un ataque con explosivos en 2014, a pesar de que varias ONG han denunciado que sus confesiones fueron extraídas bajo tortura.
El fiscal general bahreiní, Harun al Zayani, ha indicado que el Tribunal de Casación ha fallado contra los dos acusados, identificados como Mohamed Ramadán y Husain Musa, tal y como ha recogido la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA.
Así, Al Zayani ha resaltado que el Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial del país, ha considerado que las confesiones firmadas por los acusados "van en línea con los hechos, las declaraciones de los testigos y otras pruebas"
Musa, quien trabajaba como empleado en un hotel, y Ramadán, quien era guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Manama, fueron arrestados tras el ataque, ejecutado en la localidad de Al Deir, ubicada en los alrededores de la capital.
Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Próximo, denunció en enero que "Mohamed Ramadán y Husain Musa nunca debieron haber sido condenados sobre la base de una presunta confesión falsa y obtenida mediante tortura".
"La pena de muerte es atroz en todas las circunstancias, pero su uso es aún más terrible cuando sigue a un juicio injusto. Pedimos a las autoridades bahreiníes que anulen de inmediato las sentencias condenatorias y las penas impuestas a Ramadán y Musa", dijo.
"En lugar de condenar a muerte a las víctimas de este juicio irreparablemente irregular, deben exigir cuentas a los responsables de su tortura y garantizar que los procesados reciben una reparación, rehabilitación y garantías blindadas de no repetición", agregó Maalouf.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del golfo Pérsico, reprimió violentamente las protestas prodemocráticas de 2011 e impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de cien personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.