31 de agosto de 2015

Las bandas de la frontera: una lucha por el control del narcotráfico

BOGOTÁ, 31 Ago. (Colprensa/Notimérica) -

   El pasado fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera colombo-venezolana, ocasionando una crisis humanitaria y económica.

   Maduro decidió deportar a los colombianos que habitaban en la frontera acusándolos de ilegales y demoliendo sus casas, justificando sus acciones como una medida para impedir el crecimiento de la crisis interna del país.

   Esto ha provocado la deportación de más de 5.000 colombianos que permanecerán fuera del país hasta que el mandatario venezolano decida reabrir la frontera y reparar las relaciones con Colombia; algo que, según el mismo Maduro, no sucederá pronto.

   Sus opositores ven estas actuaciones como un intento de mantener la mayoría en las elecciones del próximo noviembre, aunque él insiste en que todas las medidas se deben a la necesidad de recuperar las condiciones normales de seguridad.

   Si bien la mayoría de los miles de colombianos que frecuentaban la frontera trabajaban en el país vecino, sí es cierto que también hay delincuentes instalados en esa zona. Sobre la compleja realidad de orden público en la frontera, COLPRENSA consultó a expertos en conflicto y defensa, que conocen la situación y el territorio.

LA DELINCUENCIA EN COLOMBIA.

   El último informe de la Policía Nacional de Colombia señala que en los departamentos fronterizos existen diferentes tipos de grupos al margen de la ley: guerrilla, paramilitares y bandas criminales.

   El mapa realizado por la institución evidencia que en Norte de Santander, donde se presenta el punto más grave de crisis con la deportación de los colombianos acusados de paramilitares, existe presencia de las bandas criminales Úsuga y Rastrojos, además de una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia la zona del Catatumbo.

   Ante estos datos, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, niega que existan grupos paramilitares. "En Colombia no hay paramilitares, hay bandas que hacen parte de los carteles mafiosos a los que estamos persiguiendo".

   Sin embargo, el experto del 'Instituto de estudios para el desarrollo y la paz' (Indepaz) Pedro Arenas, asegura que sí que hay presencia paramilitar, solo que está disfrazada de bandas criminales, emergentes tras el proceso de desmovilización que tuvieron las Autodefensas.

   "Tristemente en la frontera sí confluyen todos estos intereses. En La Guajira hay presencia de bandas que muchas veces son muy pequeñas y localizadas, pero que sí juegan un papel importante en el tema de recursos. Las FARC están en la frontera, al igual que los Urabeños o los Úsuga que son muy fuertes en La Guajira y Magdalena".

   Respecto a Norte de Santander, afirmó que aunque predomina el Clan Úsuga, hay todavía un reducto en Puerto Santander de los Rastrojos, que se habría aliado con 'Megateo', ex integrante de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), formando la banda de los 'Megarrastrojos'.

   Por ello, asegura que la problemática de la delincuencia en la zona es preocupante, aunque no de la forma que acusa Maduro, ya que es evidente que la situación sólo es posible por la permisividad de los guardas venezolanos.

   "La Guardia Venezolana es señalada de permisiva y de recibir beneficios por permitir el traspaso de artículos a Colombia; es decir, que esa red de mercancías venezolanas no podría existir sin el permiso de ellos. Además, a los comerciantes venezolanos les resulta más rentable vender esos productos en nuestro país, ya que tienen ganancias hasta del 500 por ciento con algunos productos", afirma Arenas.

LA HIPÓTESIS DE LA RESPONSABILIDAD VENEZOLANA .

   Fuentes visitadas en Cúcuta le confirmaron a COLPRENSA que la crítica situación de esta semana obedeció a problemas internos entre la Guardia y el Ejército venezolanos.

   Un habitante de la frontera que ahora está exiliado en la capital nortesantandereana aseguró que en el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta a Villa del Rosario (Colombia) con el Táchira (Venezuela), "hay contrabando las 24 horas del día y las autoridades venezolanas son las que están metidas de cabeza en eso".

   Manifestó tener información de los enfrentamientos que hubo en la frontera, días antes de que fuera declarado el cierre, entre miembros de la Guardia Nacional Bolivariana por el control del contrabando y el narcotráfico.

   Dicha versión fue corroborada por un experto en seguridad, que confirmó que los combates protagonizados en la frontera sucedieron entre el Ejército venezolano y la Guardia.

   "Hasta el 2005 las operaciones antinarcóticos en Venezuela eran controladas por la Guardia Nacional; como ellos tenían jurisdicción sobre esas actividades, eran quienes tenían las redes de corrupción que usaban para enriquecer a ciertos oficiales de la misma Guardia, pero cuando ese año el Ejército consiguió que se aprobara un decreto por el cual podían hacer sus propias operaciones antidrogas, empezaron a competir por el control del narcotráfico en Venezuela", afirma el analista, que pidió no ser identificado.

   Debido a ese desplazamiento, la Guardia ha tratado de refugiarse en otro tipo de negocios ilegales, como el contrabando que flagela la frontera. Por eso, insiste que en esta problemática los que tienen menos responsabilidad son los colombianos, ya que "es del lado de Venezuela donde están las mafias que son extremadamente poderosas, porque están dentro de la Guardia y del Ejército. Mejor dicho, lo que pasa es que allá no hay bandas, la cúpula militar es la banda".

   En ese sentido, los más perjudicados por el cierre fronterizo serían los venezolanos.

   No obstante, el director de la firma Decisive Point y asesor sobre cuestiones de riesgo político, seguridad y defensa, Román David Ortiz, explica que, con el cierre, los flujos ilegales se amplían, lucrando más a las bandas delincuenciales, porque hay más contrabando.

   Sin embargo, aseguró que más allá de ese incremento de los delito, el cierre de la frontera es "un intento de Maduro por enmascarar la represión contra la oposición democrática, diciendo que es una lucha por controlar el contrabando, cuando el objetivo no es ese, sino crear una condiciones para que la oposición no pueda ganar las elecciones".

   De acuerdo con Ortiz, el presidente Maduro lleva años "inventando la historia de que hay grupos paramilitares, utilizándola para reprimir a la oposición democrática venezolana".

   Los expertos consultados coinciden en que las personas desplazadas desde Venezuela son inocentes, viviendo en el país sin relación alguna con los conflictos del contrabando y narcotráfico.

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