MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reprochado este lunes a las autoridades Birmanas las escasas e insuficientes medidas tomadas para garantizar los derechos de las minorías del nooeste del país, principalmente los rohingyas, cuando ya ha pasado un año desde que la Misión de Investigación de la ONU para Birmania denunciara el "genocidio" lanzado por el Ejército contra los rohingyas en 2017 y diera una serie de recomendaciones muy concretas para mejorar la situación
"Lamentablemente no se han tomado medidas concretas", ha afirmado Bachelet en un comunicado en el que ha señalado la puesta en marcha de consejos de guerra secretos y selectivos o de la Comisión de Investigación impulsada por el Gobierno, medidas "inadecuadas y por debajo de los estándares internacionales".
Por ello, Bachelet ha animado al Gobierno a cooperar con los organismos judiciales y de investigación internacionales para impulsar "procesos de justicia transicional vitales para una paz duradera".
Además, Bachelet ha subrayado que actualmente se siguen produciendo "ejecuciones extrajudiciales de civiles, desplazamientos en masa de civiles, detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia". También menciona la "destrucción de propiedad civil", todos ellos considerados crímenes de guerra o contar la Humanidad.
Como pruebas, Bachelet se ha referido a las imágenes de satélite y los testimonios de testigos presenciales que "en regiones del norte del estado de Rajine se han quemado numerosos inmuebles" en los últimos meses. "El Gobierno refuta estas afirmaciones con un análisis de sus propios datos de satélite, lo que viene a reforzar la necesidad de una investigación independiente en estos lugares", ha remachado.
"También esto alarmada por la continua represión contar defensores de los Derechos Humanos, periodistas y voces críticas con el Gobierno y el Ejército", ha señalado Bachelet. "Y hay varias leyes relacionadas con el espacio democrático que no cumplen con los estándares internacionales cuya reforma ya ha sido recomendada", ha añadido.
Todo ello "revictimiza" a los civiles que tuvieron que huir de sus hogares e "impide el retorno de los rohingyas a sus hogares, que puedan reclamar sus derechos y reconstruir sus vidas". Además se podrían así destruir pruebas clave para que haya una rendición de cuentas sobre la actuación de los militares durante la ofensiva iniciada en 2017.
Casi un millón de rohingyas están refugiados en Bangladesh, en su mayoría después de huir de la ola represiva lanzada en agosto de 2017 por las Fuerzas Armadas de Birmania. Los rohingyas que se quedaron en Bangladesh siguen sufriendo la represión, mientras los desplazados viven en condiciones lamentables y temen volver a su país.