LA PAZ, 21 Ago. (EP/AP) -
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) mantiene tomada una estación de control de un gaseoducto ubicado al sureste del país, y amenaza con cerrarlo para impedir las exportaciones de gas a Brasil si las empresas propietarias --la brasileña Petrobras, la hispano argentina Repsol y la francesa Total--, no le pagan 9 millones de dólares (unos 7 millones de euros).
El gasoducto y el consorcio afectados responden al nombre de Transierra. Por él pasan diariamente cerca de 11 millones de metros cúbicos de gas, y su propiedad la comparten las tres empresas.
El presidente de la APG, Wilson Changaray, advirtió que Transierra debía depositar la cantidad como pago de un convenio de "derecho de paso" por el que en 2005 el consorcio se comprometió a abonar esa cantidad en favor de varios municipios con presencia de población guaraní, pero en 20 años.
La estación, que se halla ocupada por decenas de miembros de la APG, se encuentra en la localidad de Tararenda, a unos 1.000 al sureste de la capital estatal, La Paz.
La APG se presenta como representante oficial de carácter social, no político, de los pueblos guaraníes que ocupan la zona del Chaco boliviano, donde se encuentran la mayoría de reservas de gas natural del país.