LA PAZ, 8 Oct. (EP/AP) -
Aumenta la indignación en Bolivia por la aparente negligencia del Gobierno estatal a la hora de detener el conflicto minero que dejó el balance de 16 muertos y 81 heridos, sobre todo al conocerse versiones de que el Ejecutivo sabía de la inminencia de los enfrentamientos pero no hizo nada para evitarlos.
La polémica se ha reavivado más aún cuando la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, declarase que la "pacificación" alcanzada el viernes en el centro minero de Huanuni, a 280 kilómetros al sureste de La Paz, fue obra del Ejecutivo, pese a que dirigentes locales destacaron la mediación del obispo católico Cristóbal Bialasik.
El presidente Evo Morales admitió alguna responsabilidad el viernes por la noche, cuando de forma sorpresiva destituyó al ministro de Minería, Wálter Villarroel, y en su lugar nombró al minero José Dalence, en un acto en el que pidió comprensión hacia la "inexperiencia" de su Gobierno.
También aprovechó la oportunidad para denunciar una "conspiración" contra su administración, esta vez de los propios mineros.
Los duros enfrentamientos estallaron el pasado jueves, cuando los cooperativistas intentaron apoderarse de Posokoni, pese a que ya trabajaban en su superficie con autorización del Gobierno. Los trabajadores atacaron con dinamita y disparos de armas de fuego a los mineros estatales, quienes repelieron la agresión con igual violencia.
El representante de los mineros estatales, Jorge Vilca, dijo a la prensa que "el Gobierno podía parar esto", pero que al final fue el obispo de Oruro, Bialasik, quien "ha hecho una labor muy importante, de poder reunirse con ambos sectores y buscar una pacificación". Su colega Mario Martínez afirmó a radio Erbol que "el gobierno es el culpable" de la trágica situación.
En el mismo sentido se pronunció Paulino Huarachi, dirigente de los cooperativistas, que manifestó a la prensa su malestar con Morales por la salida del ministro Villarroel, dirigente de ese sector, hasta ahora aliado del mandatario.