LA PAZ, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades bolivianas han dictado una medida de arraigo (prohibición de abandonar el país) contra el ex candidato presidencial de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, acusado de propiciar la compra de una cementera privada por parte de la pública, cuando contaba con una participación mayoritaria en ambas.
La jueza Jimena Mendizábal ha considerado que existe riesgo de fuga del principal acusado en este caso, por lo que ha solicitado que presente cuatro personas que respondan de su arraigo, así como que comparezca cada quince días ante la Fiscalía hasta que se resuelva el proceso judicial.
La misma medida ha recaído sobre Jaime Barrón y Jaime Robles, ex rectores de la Universidad San Francisco Xabier (USFX) del departamento de Chuquisaca (sur), a través de la cual se realizó la compra de la cementera. Por su parte, el actual rector de este centro, Walter Arízaga, podrá continuar en total libertad.
De esta forma, la magistrada ha declinado la solicitud de la Fiscalía, que abogaba por el ingreso de los cuatro imputados en prisión preventiva, para evitar su fuga y la obstaculización del juicio con la eliminación de pruebas.
Todos ellos están acusados de favorecer la compra de la Fábrica Nacional del Cemento (FANCESA) por parte de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) a través de un pago de 12 millones de bolivianos (1,16 millones de euros) a la USFX, principal socio de la empresa privada.
En concreto, a Doria Medina se le imputa la adjudicación irregular del 33,34 por ciento de las acciones de FANCESA antes de que pasara a propiedad pública. El pasado mes de septiembre el Gobierno ordenó la recuperación de estas participaciones, razón por la cual los imputados exigieron una compensación de 82 millones de dólares (55,3 millones de euros).
Por su parte, el ex candidato presidencial ha calificado de "ilegales" las medidas cautelares dictadas en su contra, al considerar que su "único pecado como socio de FANCESA fue haber promovido el crecimiento de la empresa y la creación de mil nuevos empleos", desvinculándose así de las acusaciones.
En este sentido, ha manifestado su intención de revocar esta decisión judicial, aunque ha descartado que vaya a abandonar el país. La semana pasada, la jueza ya ordenó la congelación preventiva de todos sus bienes, según recoge la Agencia Boliviana de Información (ABI).