LA PAZ, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno boliviano aprobó hoy un decreto para incautar bienes de ciudadanos, empresas y organizaciones civiles, incluidos medios de comunicación, que sean formalmente imputados, aunque no necesariamente condenados, por financiar grupos terroristas y secesionistas, en aplicación de los convenios internacionales y las leyes nacionales vigentes, informaron hoy fuentes oficiales.
"La decisión del Estado es combatir la delincuencia que busca destruir la unidad nacional, busca generar el caos, busca crear hostilidad armada dentro del Estado Nacional", informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en una conferencia de prensa y después de que el Gabinete aprobó la norma en Palacio de Gobierno, según citó la Agencia Boliviana de Información.
Chávez aclaró que el decreto tiene la característica de medida preventiva, en línea a lo que dispone la Constitución Política del Estado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo Interamericano Contra el Terrorismo y otras organizaciones, que mandan "que todo Estado debe emitir disposiciones que prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo".
El Viceministro de Coordinación Gubernamental señaló que el decreto es en realidad "una mera reglamentación, de tratados internacionales y de procedimientos que ya existen en el país en materia de narcotráfico, de aduanas que se regulan con normas similares", lo que, a su juicio, da legitimidad a la nueva norma que fue anticipada el martes por el presidente Evo Morales y que recibió duras críticas de la oposición.
MEDIDA PREVENTIVA
"Es una medida preventiva para que las personas o grupos ya no continúen con esa actividad y en el marco de convenios internacionales y leyes vigentes", insistió y aclaró que el decreto se aplicará sólo después de que un Fiscal impute "a los acusados, instigadores o cómplices de las conductas tipificadas como terrorismo, sedición o alzamiento armado".
Chávez explicó que el decreto se aplicará después de que un juez "en materia penal" valorare y fundamente su decisión de una anotación preventiva de bienes. "Luego de celebrar un juicio y si determina la culpabilidad y una sentencia condenatoria, recién los bienes pasan a la categoría de confiscados, sin derecho a indemnización alguna y se destinarán al programa de seguridad ciudadana y seguridad del Estado", precisó.
El Gobierno boliviano emitió la norma después de la denuncia y una posterior investigación de la desarticulación de una célula terrorista desbaratada el pasado 16 de abril en Santa Cruz. Ese día murieron tres presuntos mercenarios, un boliviano, un irlandés y un húngaro y fueron detenidos otros dos, un boliviano y otro húngaro que están encarcelados en el penal de San Pedro de La Paz.
OPOSICIÓN
Por su parte, el jefe de la opositora brigada parlamentaria de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, rechazó el decreto, calificándolo de ilegal y afirmó que está destinado contra el movimiento autonomista de Santa Cruz, distrito bastión de la derecha donde están casi todos los presuntos financiadores del grupo irregular desmantelado.
"Es una barbaridad, no está en el ordenamiento jurídico, ni en la Constitución, ni en las leyes", dijo el diputado cruceño a radio Erbol. En el caso de terrorismo que todavía conmociona a la política boliviana "no hay ni siquiera acusados, pero muchos ya corren riesgo de una incautación", objetó.
"Esto es un atropello del Gobierno, aprovechándose de que no hay un Tribunal Constitucional", paralizado desde hace más de un año por la renuncia de casi todos sus miembros, añadió.