LA PAZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, ha denunciado un retraso injustificado por parte de Estados Unidos en la concesión de su visado que ha causado un "grave perjuicio" a los trámites de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Guerrero está a la espera de que Estados Unidos le conceda un visado para poder viajar al país norteamericano e iniciar desde allí los trámites para la extradición de Sánchez de Lozada y dos de sus ex colaboradores.
"El 18 de enero, a través del Ministerio de Exteriores iniciamos las gestiones para que nos otorguen el visado. El 25 de septiembre, enviamos la documentación requerida, pero --de manera muy extraña-- el visado no se me ha otorgado hasta este momento", ha dicho en una rueda de prensa.
El jefe del Ministerio Público ha explicado que, "según la versión de los agentes consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, no se ha otorgado el visado porque no hay una autorización del Departamento de Estado".
El fiscal general ha considerado que se trata de otro "maltrato" de Estados Unidos al país andino porque "no vamos a hacer un viaje de turismo, sino a cumplir nuestra función como representantes de la sociedad boliviana".
"Ya expresé mis temores de que, en algún momento, este tema, que es estrictamente jurídico, tuviera connotaciones políticas", ha apuntado desde la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, según ha informado el diario boliviano 'La Razón'.
En respuesta, la Embajada de Estados Unidos en La Paz ha emitido un comunicado en el que aclara que "esta mañana ha expedido el visado para el fiscal general de Bolivia".
Guerrero lo ha confirmado a la Agencia Boliviana de Información (ABI). "Finalmente, el visado nos ha sido entregado a las 16.30 horas (22.30 horas en España) en la Fiscalía de Distrito de La Paz", ha detallado, indicando que partirá hacia Nueva York en las próximas horas.
No obstante, ha denunciado que "todo este retraso nos ha ocasionado un grave perjuicio". Interrogado en detalle, se ha limitado a decir que "son muchos los daños" causados a la extradición del ex jefe de Estado, incluidos económicos.
Las autoridades bolivianas pretenden traer de vuelta a Sánchez de Lozada para juzgarle por la violenta represión gubernamental de las protestas populares que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2003 en las ciudades de La Paz y El Alto contra la exportación de gas boliviano a través de puertos chilenos, que se saldó con 64 muertos y 228 heridos.
La fuerte crítica nacional e internacional a la actuación del Gobierno y de las Fuerzas Armadas llevó a Sánchez de Lozada a presentar su dimisión el 17 de octubre de ese mismo año. Desde entonces se refugia en Estados Unidos.
En 2008, Bolivia intentó por primera vez conseguir la extradición del ex mandatario, pero el año pasado la justicia estadounidense se la denegó, alegando incompatibilidades entre el ordenamiento jurídico de los dos países.