LA PAZ, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
Unos 100.000 campesinos e indígenas bolivianos marcharán por las calles de la ciudad de Sucre, sede de la Asamblea Constituyente, en defensa de ese foro, bloqueado ahora por la oposición, según explicó hoy Isaac Avalos, secretario de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), según informa la agencia de noticias Prensa Latina.
Avalos explicó que la manifestación está prevista para el 10 de septiembre próximo y concluirá con una Cumbre Cultural Social, para ratificar la necesidad de unidad nacional. Esta convocatoria, explicó, "será una muestra clara de que los pueblos originarios, protagonistas de las luchas por la nueva Bolivia, no permitirán que las oligarquías fraccionen al país".
La marcha será respalda por la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, entre otras agrupaciones, agregó.
Las organizaciones también rechazan el paro anunciado por autoridades de seis departamentos para el próximo martes en demanda de que la Asamblea valore el traslado a Sucre de los poderes ejecutivo y legislativo.
Esa medida de grupos adversos al gobierno de Evo Morales es calificada de política por el ejecutivo, que destaca las pérdidas que ocasionará a la economía nacional, calculadas en al menos 20 millones de dólares (14,6 millones de euros).
Según el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, "los bolivianos que secunden el paro del día 28 de agosto no trabajarán y serán rehenes una vez más de la violencia y la provocación". Con ese dinero, según Quintana, podrían construirse treinta hospitales y brindar asistencia médica a un millón de habitantes durante todo un año. "También con 20 millones de dólares podríamos construir los 25 institutos tecnológicos para capacitar a jóvenes del campo", agregó.
El paro deberá acatarse en los cuatro departamentos que integran la llamada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija), además de Chuquisaca y Cochabamba. "Estos paros obligados, políticos y pagados que funcionan bajo el chantaje, son decisiones arbitrarias, unilaterales y antidemocráticas", agregó Quintana, virtual primer ministro.
También indicó que el Gobierno tiene esperanzas de que los organizadores recapaciten sobre esta decisión unilateral que no ha sido consultada a los ciudadanos.
Por su parte, el viceministro de Descentralización, Fabián Yasik, aseguró que el Gobierno escuchó al sector privado, que considera injustificada una medida de presión de esa naturaleza.