LA PAZ, 30 Mar. (Reuters/EP) -
El Congreso boliviano aprobó este lunes por la noche una polémica ley anticorrupción a la que se opusieron tanto los partidos de la oposición como varios ex presidentes del país andino, que incluye los principios de retroactividad e imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la administración de recursos públicos y con la que podrían ser condenados tres ex mandatarios por presuntos delitos cometidos durante sus años en el poder.
La norma, que previsiblemente sancionará en breve el presidente del país, Evo Morales, fue aprobada gracias a los votos de la mayoría oficialista.
Durante las últimas semanas los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez (2005-2006) se pronunciaron en contra de la medida, que calificaron de "inconstitucional".
Sin embargo, el día siguiente de la declaración conjunta de los ex mandatarios, la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseguró que la ley no sería aplicada con retroactividad.
Los ex presidentes citados se enfrentan a la posibilidad de ser juzgados por las denuncias de corrupción planteadas por el Gobierno de Morales, que les acusa de firmar contratos ilegales de explotación con empresas petroleras extranjeras antes de la nacionalización, decretada en el 2006 por el actual mandatario indigenista.
La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos cuestionó la imparcialidad del Poder Judicial boliviano, ya que sostuvo que esta instancia es más vulnerable al condicionamiento político que en años anteriores.
A mediados de febrero Morales designó a los magistrados de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura que estaban vacantes aprovechando un poder extraordinario otorgado por el Congreso, donde su partido cuenta con mayoría. Estas designaciones tendrán validez hasta fin de año, cuando se realizarán elecciones populares de jueces.
Desde la llegada al poder de Morales en 2006, en torno a una veintena de políticos opositores al actual Gobierno ha salido de Bolivia para evadir procesos judiciales por presuntos delitos, que van desde malversación de fondos públicos hasta genocidio y terrorismo.