13 de noviembre de 2012

Bolivia.- Un consejo indígena aprueba la castración química para violadores y la amputación de la mano para ladrones

LA PAZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un consejo de indígenas bolivianos residentes en la ciudad de El Alto, próxima a La Paz, han aprobado este martes la castración química para los violadores y la amputación de la mano para ladrones reincidentes en el marco de la justicia indígena, una decisión que ya ha provocado las críticas del Gobierno boliviano.

El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Carmelo Titirico, ha explicado que los indígenas de El Alto ya cuentan con su propio organismo judicial para resolver delitos cometidos en las zonas que administran.

La Constitución aprobada en 2009 por referéndum tras los cambios introducidos por el presidente de Evo Morales, reconoce la justicia comunitaria como forma de combatir los crímenes en las comunidades, pero no permite castigos físicos y los cargos graves deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

Titirico ha informado que las comunidades indígenas que viven en El Alto han aprobado la castración química para los violadores que ataquen a sus miembros. Además, los ladrones que sean detenidos tres veces, se les amputará la mano, según han informado medios locales.

"Nosotros hemos propuesto castración química para los violadores. Pueden decir que es inconstitucional, pero nosotros vamos a respetar la vida, como dice la Constitución, porque no vamos a matar, vamos a trabajar con la castración química y a los ladrones que hayan reincidido tres o cuatro veces vamos a amputarles la mano, esto para sentar un precedente y que nunca más ocurra", ha indicado el líder indígena.

Sin embargo, el Gobierno boliviano ha asegurado que estas penas en la justicia comunitaria no pueden aplicarse, ya que violan los convenios de Derechos Humanos firmados por el Estado.

La viceministra de Justicia Indígena, Isabel Ortega, ha asegurado que este tipo de sanciones van contra la Carta Magna y la norma sobre la justicia comunitaria, conocida como ley Deslinde, que fija los límites para la justicia indígena. Ortega asegura que esta norma no prevé sanciones para delitos de violación ni asesinato en el marco de la justicia indígena.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional, Milton Mendoza, ha advertido que si el tribunal decide aplicar dichas penas, éstas se convertirán automáticamente en delitos que serán perseguidos por las autoridades judiciales del país.