Actualizado 31/08/2011 04:11

La Corte Suprema condena a cinco ex jefes militares y dos ex ministros por la matanza de octubre de 2003


LA PAZ, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Bolivia ha condenado a penas de entre tres y 15 años de prisión a cinco ex jefes militares y a dos ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la matanza de decenas de civiles en las ciudades de La Paz y El Alto en octubre de 2003.

Los cinco ex militares han sido condenados como autores de un delito de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta. Si bien, el ex comandante de las Fuerzas Armadas Roberto Claros y el ex comandante del Ejército Juan Veliz han recibido la pena máxima, 15 años y seis meses de prisión.

Por su parte, el ex comandante de la Fuerza Aérea José Quiroga y el ex comandante de la Armada Luis Alberto Aranda, han sido condenados a once años de cárcel; y el ex jefe del Estado Mayor Gonzalo Mercado a diez años de prisión.

En cuanto a los ex ministros, el que fuera titular de la cartera de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y su antiguo colega de Trabajo Adalberto Kuajara han sido sentenciados a tres años de reclusión como cómplices de dicho delito.

Los siete condenados cumplirán la pena en la cárcel de San Roque, ubicada en Sucre (centro-sur), capital constitucional del país andino, según informa la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Los hechos juzgados ocurrieron en octubre de 2003, cuando efectivos militares irrumpieron en las ciudades de La Paz y El Alto para reprimir las protestas populares contra la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos. Unas 60 personas murieron y 500 resultaron heridas.

Este episodio forzó la salida del Gobierno de Sánchez de Lozada, quien desde entonces se encuentra en Estados Unidos, país al que Bolivia ha solicitado en reiteradas ocasiones la extradición del ex presidente para juzgarle por esta matanza, entre otros delitos.

El proceso judicial contra sus ex militares y ex ministros comenzó ese mismo mes de octubre. Apenas un año después el Congreso autorizó la celebración de un juicio, donde han declarado unos 320 testigos, entre ellos ex presidentes, ex viceministros y otras autoridades bolivianas.