SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El plazo de 20 días que tenía el Tribunal de Santa Cruz (Bolivia) para resolver un recurso formulado contra la sentencia que le absolvió de la muerte de la fiscal antidroga Mónica Von Borries al empresario sevillano Javier Villanueva, con lo que podría enfrentarse a una condena de 30 años de prisión si no se confirma el fallo, se ha cumplido hoy legalmente sin que el tribunal se haya pronunciado al respecto.
Según explicó a Europa Press la madre del empresario, no han tenido noticia en todo el día del tribunal, pese a que hoy era el último día, añadiendo que "no nos asombra porque es la tónica que se viene repitiendo en este caso desde hace tres años". Así, señaló que "las esperanzas que tenemos en que esta situación se resuelva, nos hace confiar una y otra vez y siempre se repite la misma historia".
Así, hizo hincapié en la incertidumbre que están viviendo estos días, pese a que, según la ley boliviana el caso debería haber prescrito el pasado sábado, 28 de abril, cuando se cumplieron los tres años de la detención del sevillano. No obstante, la defensa del mismo anunció que solicitaría audiencia a la Justicia boliviana a fin de solicitar oficialmente la extinción de la acción penal por retardo del proceso judicial, sin que se conozca nada más por el momento.
Según informó a Europa Press el propio Javier Villanueva, su abogado elevaría a las autoridades judiciales una audiencia para solicitar formalmente la extinción de la acción penal alegando "retardo de la Justicia".
Este empresario sevillano quedó en libertad sin cargos el 13 de marzo de 2006 tras el veredicto unánime de inocencia alcanzado por el jurado que enjuició el caso en Bolivia por el asesinato de la fiscal antidroga Mónica Von Borries. No obstante, después de que la Fiscalía recurriese el fallo, Villanueva apeló contra la orden de arraigo que le impide abandonar el país, aunque tal recurso ha ido pasando por varias salas de vocales a raíz de la recusación de las instancias judiciales.
Dicho recurso se presentó bajo el argumento de que, una vez que fue absuelto por el tribunal del jurado, "deben suspenderse todas las medidas personales" impuestas contra su persona. Así, recordó que la medida de arraigo que le fue impuesta es "ilegal completamente" pues, según el artículo 364 del nuevo Código de Procedimiento Penal de Bolivia, "cuando se dicta una sentencia absolutoria, debe decretarse la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y se fijarán las costas (...) La libertad se ordenará aún cuando la sentencia no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la Sala de la Audiencia".