WASHINGTON, 10 Jun. (Reuters/EP) -
El Gobierno boliviano pidió hoy explicaciones a Washington por haber otorgado el asilo político al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio y violación de los Derechos Humanos durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Esta petición tiene lugar un día después de una masiva protesta en la que miles de manifestantes pidieron frente a la Embajada de Estados Unidos en La Paz que Washington deje de proteger al ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex ministros Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague y los entregue a la Justicia boliviana.
Para el Gobierno boliviano, la noticia del asilo político, confirmada por Berzaín la semana pasada, afectará aún más a las relaciones entre Washington y La Paz porque, en su petición de asilo el ex ministro acusa al presidente boliviano, Evo Morales, de apoyar el narcotráfico.
"El Gobierno del señor (George W.) Bush le ha otorgado asilo político a un individuo que acusa al Gobierno del presidente Morales de apoyar y promover el narcotráfico y 'organizaciones criminales'", señaló en un comunicado el embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán, que añadió que "es algo que el Gobierno Bush debe aclarar".
Según alegó Berzaín, la petición de Bolivia no tendrá garantías legales en el país sudamericano y quedará sin protección contra "organizaciones criminales de cocaína", que "están prosperando bajo el fuerte apoyo público de Evo (Morales) a la producción de coca ilegal".
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín están acusados en Bolivia de haber ordenado la represión militar contra una serie de protestas antigubernamentales en octubre del 2003 que dejaron más de 60 muertos y cientos de heridos.
Ambos políticos se exiliaron en Estados Unidos en 2003 después de renunciar a causa de esos incidentes, mientras que Berindoague buscó el mismo refugio norteamericano tras ser acusado de delitos económicos.
La Embajada boliviana en Washington calificó las declaraciones del ex ministro como "una torpe y copiosa colección de mentiras, falacias y medias verdades". "Se trata además del un 'alegato' de la sumisión y el servilismo que han caracterizado a las hoy desplazadas clases dirigentes del país ante las políticas del Gobierno de Estados Unidos en la denominada 'lucha contra las drogas'", manifestó.