4 de enero de 2006

Bolivia/España.- Zapatero anuncia a Morales la condonación de la mayor parte de los 120 millones de deuda de Bolivia

El Gobierno de Morales ejercerá el derecho de propiedad sobre los recursos naturales sin confiscar o expulsar a las compañías

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció esta tarde al presidente electo de Bolivia, Evo Morales, su compromiso político de condonar la mayor parte de los 120 millones de dólares (casi 99 millones de euros) en deuda externa que tiene Bolivia con España en la actualidad por programas de educación, según anunció el líder indígena en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa.

Morales reiteró la necesidad de que el Estado boliviano tenga a las empresas privadas extranjeras como "socios y no como patrones", por lo que anunció que su Gobierno ejercerá el derecho de propiedad sobre los recursos naturales del país andino sin que ello equivalga a confiscar o expulsar a las compañías con intereses estratégicos en Bolivia, como es el caso de Repsol-YPF, Iberdrola o Red Eléctrica de España.

Ante la inquietud expresada por las empresas españolas sobre la seguridad jurídica de sus inversiones en Bolivia, Morales respondió que él mismo apuesta por dicha seguridad jurídica siempre y cuando garantice el que haya "justicia social", y expresó de nuevo las líneas generales de su anunciada política de nacionalización de los hidrocarburos.

"El Estado boliviano va a ejercer el derecho de propiedad sobre los recursos naturales como cualquier Gobierno. Vamos a nacionalizar, pero eso no significa confiscar ni expropiar ni expulsar a las empresas. Vamos a ser radicales con las empresas petroleras que no cumplen con las leyes bolivianas, que no pagan impuestos y que son contrabandistas", indicó sin citar ninguna compañía en concreto.

El líder indígena admitió que cualquier empresa tiene "todo el derecho a recuperar su inversión y tener derecho a la ganancia", pero siempre que haya "principios de equilibrio" con los que el Estado boliviano "se beneficie al igual que la empresa que invierte".

En este sentido, se mostró "convencido" de que es importante tanto la inversión pública como la privada extranjera, y anunció el deseo de Repsol-YPF de invertir más dinero en la industrialización de Bolivia. Por ello, miembros de su Gobierno y de la compañía española discutirán a partir de ahora los aspectos técnicos de dicha inversión. "Repito, necesitamos socios, no patronos. Vamos a garantizar la inversión y sobre todo la propiedad del país", insistió.

FUTURA VISITA DE ZAPATERO

El presidente electo boliviano invitó a Zapatero a asistir a su toma de posesión en La Paz del próximo 22 de enero, a lo que el presidente del Gobierno respondió que será el Príncipe de Asturias, don Felipe, quien encabece la delegación española. En cualquier caso, se comprometió a visitar Bolivia en un futuro "cuando la agenda se lo permita", según explicó el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda.

Este último confirmó el compromiso político del Gobierno de condonar por programas de educación una "parte sustancial" de la deuda externa que tiene el país andino con España, en lo que supone la "primera plasmación" del anuncio que Zapatero hizo en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca en octubre de ampliar los programas de condonación de deuda por educación a más países del continente americano. Por el momento se han beneficiado ya de decisiones similares países como Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Uruguay.

Moraleda expresó en nombre del Ejecutivo el apoyo español a la "modernización" y puesta en marcha tanto de programas de regadíos como de nuevas infraestructuras agropecuarias. A continuación, se refirió a la defensa "irrenunciable" por parte del Gobierno de la defensa de los intereses de las empresas españolas con inversiones en Bolivia.

Asimismo, señaló que el Gobierno está "plenamente convencido" de que serán "compatibles" los nuevos proyectos de desarrollo social que quiere impulsar Evo Morales a partir del 22 de enero con las "garantías de seguridad jurídica" que tendrán las compañías españolas en este país sudamericano.