MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General de Bolivia ha remitido este lunes a la Fiscalía de La Paz la denuncia por delitos electorales que interpuso el expresidente Carlos Mesa contra el también exmandatario Evo Morales para que se inicie una investigación del caso.
Así lo ha confirmado el fiscal Marco Antonio Rodríguez, que también ha recordado que los investigados por fraude electoral son Morales, su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce.
Rodríguez ha explicado que, después de que la Fiscalía de La Paz valore la denuncia, determinará si amplía la investigación o instaura otro proceso separado.
"Existe una probabilidad de que pueda acumularse al proceso que investiga una comisión de fiscales a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como los presuntos autores materiales del fraude en 2019", ha indicado, al tiempo que ha precisado que existe la posibilidad de que Morales y García Linera sean sometidos a un juicio de responsabilidades, según ha recogido el diario local 'El Deber'.
Mesa denunció a Morales a cuenta del supuesto fraude en los comicios del pasado 20 de octubre, a los que concurrieron los dos, y que fueron el desencadenante de la crisis política en el país. En concreto, la denuncia señala a Morales, Quintana, Romero y Arce como "autores intelectuales" del "gigantesco fraude".
Morales se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales, en las que buscaba un cuarto mandato, pero Mesa, que quedó segundo según los resultados oficiales, denunció un "fraude gigantesco".
Las partes accedieron a que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara una auditoría con la que detectó "irregularidades". Morales dimitió el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces 'número dos' del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.
El expresidente ya está siendo investigado por otros presuntos delitos. El Gobierno de Áñez ha denunciado a Morales ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad por ordenar a sus simpatizantes que sitiaran importantes ciudades como El Alto en el marco de la violencia postelectoral.