LA PAZ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía imputó este lunes al empresario y ex líder del Comité Cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic delitos de "terrorismo y alzamiento armado" por su supuesta implicación en el financiamiento de la célula terrorista dirigida por Eduardo Rózsa, desarticulada el año pasado.
El abogado de la Defensa, Eric Seifert, calificó de "aberración" la decisión de la Fiscalía e insistió en la inocencia de su cliente. "Branko es inocente de acuerdo con la Constitución Política del Estado", aseguró.
"Es una aberración del fiscal Soza porque sin tomar ni una declaración se lo está imputando", criticó el letrado en declaraciones a los medios recogidas por el diario 'La Razón'.
El fiscal del caso Marcelo Soza sostiene que el imputado se ha estado "burlando de la justicia" al no presentarse a las citaciones anteriores y cree que el empresario permanece en Bolivia según el "último reporte que se tiene", explicó en declaraciones a la prensa.
El fiscal de distrito de La Paz, Fernando Ganam, sostiene sin embargo que éste salió del país rumbo a Estados Unidos el 26 de junio.
El abogado de la Defensa no quiso desvelar el paradero del empresario y denunció la "persecución política" contra su cliente.
"Aquí se ha fabricado un proceso. Esta es una clara persecución política porque siempre se ha buscado llevarlo a La Paz, cuando el juez competente está en Santa Cruz", lanzó, en alusión al fallo de la Corte de Distrito de Santa Cruz que señala que el caso es competencia de un juzgado de instrucción de Santa Cruz
La Fiscalía sostiene que tanto el empresario como el ex prefecto de Santa Cruz contribuían a financiar al grupo terrorista dirigido por Eduardo Rózsa, desarticulado la madrugada del pasado 16 de abril en el hotel Las Américas en Santa Cruz.
El letrado de la Defensa ha insistido en que varias denuncias contra su cliente son falsas, incluidos los atentados que se le atribuyen contra sendas residencias del ex ministro de Autonomías, Saúl Ávalos, y del cardenal Julio Terrazas.
Se espera que la Fiscalía boliviana también impute al general Lucio Áñez, así como a Guido Nayar, Azat Dagher y Ricardo Moreno en el caso de terrorismo que se juzga.
Tanto el boliviano de origen croata y húngaro, Eduardo Rozsa, como los mercenarios rumano Arpad Magyarosi e irlandés Michel Martin Dwyer perecieron en el operativo policial que permitió desmantelar la red delictiva en abril de 2009.