LA PAZ, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Evo Morales está agilizando los trámites para que los bolivianos residentes en el exterior puedan votar en el referéndum para aprobar la nueva Consitución en 2008, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca.
"Es interés del Gobierno que los compatriotas en el exterior ya puedan ejercer su derecho en la aprobación de la nueva Constitución Política el próximo año", afirmó Choquehuanca, quien precisó que hay importantes avances con las autoridades de Argentina, Perú y Brasil.
En estos momentos, el Gobierno está a la espera de que la ley sea aprobada en el Parlamento. Esta norma, según Choquehuanca, definirá la forma en que se realizarña el voto en el exterior que, según dijo, desde todo punto de vista es un derecho legítimo de los bolivianos.
Las comisiones de Política Internacional y Constitución de la Cámara de Diputados, la Corte Nacional Electoral y la Cancillería analizarán la próxima semana el proyecto de ley que posibilitará el ejercicio del voto a los bolivianos residentes en el extranjero.
El presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Michiaki Nagatani, dijo que el proyecto será sometido a una serie de ajustes por las observaciones que surgieron del órgano electoral.
Con esta ley, una vez aprobada en el Congreso, "los ciudadanos que migran fuera del país y que no hubieran renunciado a su nacionalidad, tendrán la oportunidad de ejercer sus derechos y obligaciones", indicó Nagatani.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 220, señala que son electores los bolivianos mayores de 18 años de edad, cualquiera sea su grado de instrucción y ocupación, sin más requisitos que su inscripción obligatoria en el registro electoral.
Esa previsión constitucional, sin embargo, no se cumple en los bolivianos residentes en el extranjero, debido a la inexistencia de una ley que permita ejercitar el derecho al sufragio, pero se espera que la futura ley repare esa situación.
El proyecto de ley, de 17 artículos, consigna la ampliación de la jurisdicción de la Corte Nacional Electoral (CNE) para su trabajo fuera del territorio nacional, en coordinación con las legaciones diplomáticas.