LA PAZ, 25 Abr. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Bolivia anunció ayer que ha congelado las cuentas bancarias de la rebelde prefectura del departamento de Santa Cruz, en una nueva escalada del conflicto provocado por el proceso de autonomía iniciado en ese distrito oriental.
La sanción fue anunciada sólo diez días antes de la celebración del referéndum para poner en vigencia un estatuto de autonomía de Santa Cruz, una consulta alentada por la oposición conservadora que se convirtió en el mayor obstáculo para la "revolución democrática y cultural" del presidente indígena, Evo Morales.
El mandatario pidió además el pasado martes a las Fuerzas Armadas que "defiendan la unidad nacional", pero no anunció medidas legales contra lo que calificó como un referéndum "ilegal, separatista y pro oligárquico" en el distrito más rico del país, bastión derechista y a la vez hogar de media docena de pueblos indígenas.
CONGELAMIENTO DE CUENTAS
El congelamiento de cuentas fue dispuesto "conforme al ordenamiento legal" y después de que la prefectura cruceña suspendiera unilateralmente el envío de información sobre sus gastos e inversiones financiados por el tesoro nacional, declaró en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Luis Arce.
Por su parte, un miembro del Consejo de Santa Cruz afirmó que no había razones para poner en duda la legalidad de los gastos de la prefectura de ese departamento, inclusive los destinados a la realización del referéndum.
"La prefectura de Santa Cruz ha cometido violaciones de la normativa de administración de recursos financieros y en este caso el ministerio de Hacienda está no sólo autorizado sino obligado por ley a congelar cuentas y suspender desembolsos para esa entidad pública", afirmó Arce.
Además, explicó que las autoridades cruceñas cortaron hace 15 días el acceso informático del Gobierno nacional a los sistemas contables regionales y cerraron las puertas a una misión de funcionarios de Hacienda enviada el miércoles.
Asimismo agregó que "extrañamente" la prefectura de Santa Cruz dejó de enviar información de sus gastos desde que los medios locales denunciaron que podrían estar haciendo desembolsos no autorizados para financiar el referéndum, que fue desautorizado por el Gobierno, el Congreso y la Corte Electoral.
Pero el consejero cruceño Delmar Chávez, alineado con el movimiento autonomista, aseguró que todos los gastos de la prefectura departamental estaban "plenamente justificados" y "a disposición de quienes vengan con objetividad a investigar". "Llama la atención el congelamiento de cuentas a pocos días del referéndum", agregó.