30 de agosto de 2006

Bolivia.- El Gobierno confirma el viaje del vicepresidente a Madrid para buscar soluciones a la crisis con Repsol

LA PAZ, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno boliviano ha confirmado que el vicepresidente, Alvaro García Linera, viajará a finales del mes de septiembre o principios de octubre a Madrid para analizar "una serie de temas" de la agenda bilateral en medio del conflicto con la petrolera hispano argentina Repsol YPF.

"Durante la visita, para la que todavía no hay fecha, se abordarán las relaciones comerciales, habrá diálogo político, cooperación al desarrollo y otros temas. Todos los temas que tenemos que tocar los vamos a tocar", afirmó ayer el ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca.

La fecha del viaje aún no esta definida, pero se anticipa que será a fines de septiembre o principios de octubre, y en estos momentos se está en un proceso de preparación de la misión oficial orientada a afianzar los lazos de amistad y cooperación, añadió el jefe de la Diplomacia boliviana.

Hace unos días fuentes oficiales bolivianas adelantaron a Europa Press el viaje a Madrid de García Linera que, según preciasron, será similar al que realizó la semana pasada el vicepresidente a Brasilia para encauzar las relaciones tras la polémica por el precio del gas y la situación de Petrobras.

La semana pasada cinco fiscales registraron la oficina de Andina, filial de Repsol en Bolivia, en Santa Cruz, y detuvieron a Saúl Carlos Encinas Miranda, auditor de la compañía, que después quedó bajo arresto domiciliario, aunque deberá presentarse cada fin de semana para garantizar que no pretende fugarse.

La decisión de la Fiscalía fue adoptada después de que en Andina se negaran a entregar los documentos exigidos por la justicia, tras una denuncia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que descubrió indicios del contrato "de revisión de volatilización de los precios".

La nueva polémica entre la petrolera que preside Antonio Brufau y el Gobierno boliviano se debe a la supuesta firma de un contrato de arbitraje de precios entre Repsol YPF y Petrobras que, según la Fiscalía, ha provocado pérdidas económicas al Estado boliviano por al menos 161 millones de dólares (125 millones de euros).