LA PAZ, 12 Ago. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Evo Morales ha reiterado este jueves su llamamiento a los líderes de la huelga contra las explotaciones mineras en el departamento de Potosí (sur) y ha dicho que espera sentarse a dialogar "de inmediato" con ellos para poner fin a más de dos semanas de protestas que han afectado duramente a la industria minera.
El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, ha dejado claro que el Gobierno ya no exige al Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) el levantamiento de los bloqueos de carreteras, cierres de comercios y oficinas, y huelgas de hambre, como condición para instalar un diálogo sobre las demandas de Potosí contra algunas obras en desarrollo.
"Los representantes potosinos tienen la opción de dialogar de inmediato con varios ministros en la ciudad de Sucre o directamente con el presidente Evo Morales en La Paz", aclaró Canelas en conferencia de prensa.
La posibilidad del diálogo quedó planteada al día siguiente de que se confirmara que las tres mayores operaciones mineras de Potosí, controladas por compañías extranjeras, se vieron obligadas a paralizar sus actividades --algunas en su totalidad-- como consecuencia del conflicto.
Las minas afectadas son las productoras de plata, zinc y plomo San Bartolomé, de la estadounidense Coeur D'Alene; San Cristóbal, de la japonesa Sumitomo en el altiplano próximo a la frontera con Chile; y Porco, de la suiza Glencore, a unos 60 kilómetros de Potosí.
Los manifestantes en Potosí, que incluyen a las autoridades, no respondieron de inmediato a la propuesta del Gobierno, pero el miércoles por la noche decidieron acudir a un diálogo con el presidente Morales en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca. El Gobierno todavía está a la espera de una carta oficial de la COMCIPO con la fecha y la hora del encuentro.
Canelas ha comentado que el Ejecutivo confía en que los huelguistas levanten por voluntad propia las medidas de presión una vez que comience el diálogo, pedido casi a coro por diversos sectores, los medios de comunicación, la influyente cúpula de la Iglesia Católica y hasta Naciones Unidas. "No hay razón, ni justificativo, para castigar más a la población", expresó.