Actualizado 15/12/2009 22:53

Bolivia.- El Gobierno prepara un nuevo reglamento para el funcionamiento interno de la Asamblea Plurinacional


LA PAZ, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia prepara un nuevo reglamento para el funcionamiento interno de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional, que será aprobado la próxima semana, en consonancia con la nueva Constitución refrendada por los bolivianos en enero de este año.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, aclaró que la pretensión del Gobierno es que el documento sirva como principal instrumento jurídico en el Parlamento "hasta que la próxima Asamblea pueda aprobar su propio reglamento".

En este sentido, el diputado de la fuerza opositora Poder Democrático Social, José Oña, matizó que, pese a las aspiraciones del Gobierno, el texto es un proyecto alternativo que el Parlamento podrá aprobar o rechazar.

Entre las novedades que introduce esta redacción destaca la suspensión de la semana regional y la obligatoriedad de pagar a diputados y senadores en función de su asistencia a sus puestos de trabajo durante las sesiones de Congreso y Senado, respectivamente.

El diputado explicó que el objetivo de esta norma es aumentar el control sobre la asistencia de los políticos a los debates parlamentarios, "a fin de que puedan trabajar y ganen sus honorarios y sus sueldos en función de la labor realizada", añadió.

Asimismo, Silva aseguró que el nuevo reglamento afectará tanto a los legisladores titulares como a los suplentes y servirá para definir "si el titular debe trabajar dos semanas y su suplente otras dos semanas, es decir, para garantizar la alternancia de trabajo entre unos y otros".

Además, el documento desarrollará los artículos constitucionales referentes al funcionamiento interno del Congreso, que comenzará su andadura en enero de 2010 bajo el nombre de Asamblea Legislativa Plurinacional.

Entre estos artículos destaca el 152, según el cual "los asambleístas no gozarán de inmunidad" pese a que no se les aplicará la medida cautelar de detención preventiva durante los procesos penales, "salvo delito flagrante", según indica la Carta Magna.