Algunos sectores consideran que es una medida "incompleta" y "lejana" a la demanda planteada por la insurrección popular de octubre de 2003
LA PAZ, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz, reconoció hoy que el Gobierno no ha podido "ir más allá" con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos dictado el pasado lunes y que no incluye ni la confiscación ni la expropiación a las petroleras.
Soliz respondió de esta forma a varios cuestionamientos de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros gremios, que calificaron a la medida gubernamental como una "nacionalización a medias" y lejana a la demanda planteada durante la insurrección popular de octubre de 2003, según informa 'Bolpress'.
El ministro afirmó que el Ejecutivo "actuó dentro de lo posible y racional, recuperó los hidrocarburos para los bolivianos y acabó con el abuso de las petroleras". "Los contratos de riesgo compartido suscritos entre las petroleras y los anteriores gobiernos dejaron de tener vigencia a partir de la aprobación del decreto", explicó.
Además, aseveró que la nacionalización "no es simbólica", pues supone la recuperación del 51 por ciento de las empresas, aunque aclaró que no se está confiscando activos, "no se les está expulsando, sino que se les está imponiendo nuevas reglas de juego en las que ahora Bolivia tiene la mayoría de las acciones".
Sin embargo, Mario Justiniano, jefe departamental en Santa Cruz del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido que privatizó la industria energética boliviana, opinó que la nacionalización no es tal porque el decreto no dispone la apropiación total de las empresas petroleras.
ACERTADA PERO "INCOMPLETA"
Para la COB, se trata de una medida realizada "a medias" porque no recupera el cien por cien de los hidrocarburos para el Estado. En este sentido, el secretario ejecutivo de este organismo en Oruro, Miguel Zubieta, comentó que la nacionalización es una medida acertada, pero "incompleta", ya que, según indicó, el presidente boliviano, Evo Morales, "sólo dio cumplimiento a lo que dispone la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos".
Así lo manifestó también el secretario general de la COB, Luis Choquetijlla, quien señaló que se trata de un avance "profundo y significativo", pero matizó que van a "profundizar más adelante para que se lleve esta nacionalización al Parlamento". Según declaró, la Cámara "debe ser quien lleve adelante una nacionalización con confiscación y sin compensación".
Por otro lado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Wilfredo Vargas, informó que se han militarizado 56 instalaciones petroleras, además de 26 centros de distribución de combustibles en zonas urbanas. El ministro de Defensa, Walker San Miguel aseguró que la presencia militar en las instalaciones petroleras se extenderá por el tiempo que sea necesario para evitar cualquier intento de sabotaje, y advirtió que aquellas personas que intenten actos contrarios al decreto de nacionalización serán sancionadas como lo establece la ley.