Actualizado 22/05/2014 04:49

Juez permite demandar al expresidente Sánchez de Lozada

Manifestación contra el ex presidente boliviano Sánchez de Lozada
Foto: DAVID MERCADO / REUTERS

LA PAZ, 22 May. (Notimérica/EP) -  

   Un juez federal del estado estadounidense de Florida ha permitido que prospere la demanda presentada contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, a los que se acusa de dirigir una cruenta represión militar contra protestas callejeras en 2003, durante las que murieron 67 personas y otras 400 resultaron heridas.

   La demanda, presentada por familiares de víctimas fallecidas durante la denominada Guerra del Gas, denuncia presuntas violaciones de los Derechos Humanos, que incluirían asesinatos extrajudiciales de civiles, entre septiembre y octubre de 2003. Gracias a esta sentencia, los nueve demandantes podrán continuar con el litigio.

   El 24 de junio de 2013, familiares de los fallecidos en la masacre de 2003 en Bolivia presentaron la demanda, en la que tratan de demostrar que los acusados habían ideado un plan para matar a miles de civiles con meses de antelación de la violencia, de acuerdo con la información del diario boliviano 'La Razón'.

   Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron hacia Estados Unidos después de los hechos de violencia de septiembre y octubre de 2003. Por ello, el juez estadounidense rechaza los reclamos de los demandados, que piden que las víctimas busquen justicia en Bolivia.

   "A menos que los acusados sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra natal, Bolivia no tendrá ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de Derechos Humanos", ha apostillado el juez federal, que ha considerado que existen "pruebas suficientes" para dar luz verde a la demanda.

   Según la demanda, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y por negligencia en la muerte de civiles desarmados, incluidos niños. Asimismo, se les acusa de ordenar a las fuerzas de seguridad bolivianas usar fuerza letal contra civiles desarmados para reprimir las protestas populares contra las políticas gubernamentales.